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El Parlasur tratará en su próxima sesión una declaración de «apoyo y solidaridad» a la Argentina tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que favorece a los fondos buitre. El proyecto presentado por el diputado Guillermo Carmona, que lleva también las firmas del Presidente del Parlasur y varios legisladores del parlamento regional, declara la «preocupación por el impacto negativo regional y global» de la sentencia y convoca a los poderes legislativos del bloque a impulsar una ley internacional de quiebras.
El texto, que se tratará en Montevideo en la sesión del 7 de julio, propone que el Parlasur pueda «expresar su apoyo y solidaridad con la República Argentina ante el ataque especulativo promovido por los holdouts o fondos buitre NML Capital Ltd., Blue Ángel, Aurelius, cuyas exorbitantes e injustas pretensiones económicas, han sido convalidadas por el sistema de justicia de los Estados Unidos».
La declaración –respaldada por el Presidente del Parlasur, el uruguayo Rubén Martínez Huelmo, y de los legisladores del parlamento regional Alberto Couriel, Roberto Canese y Rosinha– subraya la «preocupación por el impacto negativo regional y global que se derivan de la interpretación y decisión de los tribunales norteamericanos a favor de los fondos buitre» debido a «las adversas consecuencias que tendrá este fallo sobre las futuras reestructuraciones voluntarias de deuda soberana y la estabilidad de los mercados financieros».
Además, el texto insta al bloque regional a «solicitar a los parlamentos nacionales de los países que integran el MERCOSUR se pronuncien contra las prácticas extorsivas de los fondos buitre y se comprometan a impulsar mecanismos jurídicos internacionales que fortalezcan la posición de los estados nacionales frente a los ataques de los fondos especulativos».
En las consideraciones del proyecto se considera que «los fondos buitre se benefician de la falta de un régimen de quiebra soberano y buscan ganancias exorbitantes mediante la compra de deuda soberana a precio vil, para luego iniciar acciones judiciales con el objetivo de obtener el pago del valor total de esa deuda, ignorando todo esfuerzo de reestructuración y, a su vez, hostigando a los bonistas de buena fe».
Fuente: Télam/Página12/carmona.com.ar
