Todo el poder formal para Jerónimo Shantal y Emilio Guiñazú. Otorgamiento de concesiones mineras a discreción. Ganancia para peces gordos. Las pequeñas empresas con la ñata contra el vidrio. Esas fueron las objeciones que plantearon empresarios de Mendoza este jueves en la comisión de Diputados que trató la reforma del Código Minero que impulsa Alfredo Cornejo.
En la víspera de la reunión en Diputados -de la que también participaron miembros de distintas Asambleas por el Agua- hubo un cónclave de cámaras de minería y otros sectores (entre ellos la Federación Económica de Mendoza, la UCIM, la UIM, el Consejo Empresario Mendocino, Bodegas de Argentina, Cámara de San Rafael, la Asociación de Empresarios de la Rodríguez Peña (ADERPE), entre otros. Acordaron oponerse al proyecto ; por considerarlo "atentatorio de la institucionalidad democrática".
Sin embargo, detrás de la pátina de falta de institucionalidad, lo que ofusca a los empresarios es la acumulación de poder que concentrará el Estado para otorgar concesiones mineras a través de Impulsa Mendoza S.A., definida por la ministra de Energía y Minería como "la garante del plan".
Detrás de esa resistencia está además el peligro latente de que un sólo empresario, o unas pocas poderosas mineras, nacionales o de capitales foráneos, se queden con los permisos para llevarse los minerales de la cordillera. Algunos de los beneficiados habrían participado en la feria minera de Toronto, Canadá, junto a Cornejo.
"La comisión no va a sacar dictamen después de escuchar a los empresarios -señaló a EXPLÍCITO uno de los asistentes a la reunión en Diputados-. No quieren que Shantal y Guiñazú, al que ya le entregaron Potasio Río Colorado, manejen todas las concesiones. La reforma del Código hace que desaparezca el Consejo Minero, donde participaban otras entidades, y le entrega todo el poder a Shantal a través de Impulsa".
Potasio Río Colorado quedó en manos de Integra Capitals, de José Luis Manzano, por un convenio que firmó el exministro de Menem con Rodolfo Suarez, con Cornejo operando en las sombras. Integra se quedó con el 88%, mientras que Guiñazú es en las formas el gerente general del consorcio.
A lo bonzo, por la megaminería
En el ajedrez que juega el establishment y los gobiernos por imponer la megaminería metalífera en Mendoza, Shantal y Guiñazú son fieles peones que van al frente, exponiéndose a lo que mande el gobernador.
Guiñazú es un férreo detractor de la 7722, de la primera hora. En su entusiasmo prominero acuñó frases célebres como "el cianuro es muy noble" y otra donde aseguraba, previa pueblada del agua, en diciembre de 2019, que los asambleístas estaban "neutralizados".
Shantal por su parte, fue quien denunció por "privación ilegítima de la libertad" a los asambleístas que participaron de las masivas protestas en las afueras de la Legislatura cuando Suarez intentó derribar la Ley 7722. En ese momento trabajaba para Pablo Priore (PRO) y puso la cara con una denuncia que, aún hoy, tiene a referentes de las Asambleas por el Agua transitando tribunales.
