Pobreza planificada

El gremio de los médicos protestará en la Legislatura por el manotazo de Cornejo a los salarios

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El gremio de los profesionales de la salud se movilizará este miércoles 29 a la Legislatura en rechazo al paquete de leyes de Alfredo Cornejo porque viola la Constitución al meter mano en el régimen salarial de los médicos salteándose estamentos como la paritaria y derechos adquiridos de los trabajadores.

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El ajuste que realizó Alfredo Cornejo en los salarios vía paritarias se reflejó en la caída del gasto en personal:en marzo se retrajo 27,5% en términos reales medido interanual según datos del Ministerio de Hacienda que fueron recopilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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"A raíz del gran descontento y rechazo a los proyectos de ley aprobados por la Legislatura Provincial e impulsados por el gobernador Alfredo Cornejo, que son de público conocimiento, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud declaró ante la Subsecretaría de Trabajo el estado de Asamblea y Movilización, a raíz de la clara afectación de los derechos adquiridos de los profesionales de la salud, validación de la precarización laboral y violación de la Ley 7759", señaló el gremio.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, destacó que “atento a lo expresado, mediante la convocatoria a asambleas de profesionales de la salud, la entidad gremial decidió la declaración del estado de asamblea a partir de hoy y la realización de una movilización en la Legislatura Provincial el próximo miércoles 29 a las 9, en clara manifestación de rechazo al paquete de leyes aprobado por los diputados y senadores provinciales. Por otra parte, manifestaremos por el deterioro del salario y para exigir la compensación de la pérdida inflacionaria que hemos tenido en nuestros, salarios, motivo por el cual continúan emigrando los profesionales de la salud”.

Además, presentará ante la Corte Suprema de Mendoza la inconstitucionalidad sobre el paquete de leyes de salud aprobadas en la Legislatura Provincial, una vez que sean publicadas en el Boletín Oficial y una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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