En una nueva disputa que pone de manifiesto los conflictos entre los derechos indígenas y el desarrollo minero, la Organización Identidad Territorial Malalweche, representante de pobladores mapuches en el sur de Mendoza, impugnó la Resolución 130/2025 de la Dirección de Minería, que puso en marcha un Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada para proyectos mineros
Fue tras la firma de un convenio entre Alfredo Cornejo y Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para implementar -en el marco del Código de Procedimiento Minero- la "consulta previa" a los pueblos originarios, aunque el desarrollo de los proyectos mineros ya están en marcha.
El convenio puso en marcha un protocolo, en rigor es la resolución impugnada, pero las comunidades indígenas argumentan que el protocolo aprobado vulnera derechos constitucionales e internacionales de los pueblos indígenas.
La organización advirtió que acudirá a la Fiscalía de Estado "como organismo garante de la legalidad y del cumplimiento efectivo de los Tratados Internacionales que firma el Estado principalmente los reconocidos en el artículo 75 inc 17, 22 ss y cc de la Constitución Nacional".
Un procedimiento viciado
El documento presentado por Gabriel Andrés Jofré, Werken de la comunidad Lof Malal Pincheira, sostiene que la resolución es "manifiestamente arbitraria, ilegítima y violatoria de normas constitucionales e internacionales". La falta de consulta real con las comunidades afectadas es uno de los puntos centrales del reclamo.
Según la impugnación, la Dirección de Minería aprobó el protocolo sin una instancia de consulta previa, lo que vulnera el principio esencial de participación indígena. "No se realizó ningún tipo de comunicación, información o consulta con organizaciones de Pueblos Indígenas asentados en la Provincia de Mendoza", argumenta la presentación.
A esto se suma la falta de consentimiento por parte de las comunidades. A pesar de la publicación en el Boletín Oficial, la Dirección de Minería "no implementó mecanismos de notificación adecuados" ni brindó oportunidades efectivas para la intervención de los representantes indígenas.
Protocolo con omisiones graves
Más allá del procedimiento cuestionado, Malalweche alerta sobre las deficiencias del protocolo en sí. Entre los aspectos más preocupantes, señalan la ausencia de mecanismos de mediación, criterios excluyentes para reconocer comunidades, y la falta de previsión sobre el impacto territorial de los permisos mineros.
"La finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, conforme lo establece el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT, no basta con informar o notificar", advierte el documento.
También critican la falta de traducción intercultural y el desconocimiento del principio de igualdad de armas, que exige proporcionar asesoramiento técnico y jurídico independiente a las comunidades afectadas.
Exigen una mesa de diálogo
Ante estos puntos mencionados, las comunidades mapuche de Mendoza no sólo buscan la anulación de la Resolución 130/2025, sino que proponen una reformulación integral del protocolo con base en estándares internacionales.
La presentación enfatiza la necesidad de aplicar criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a rechazar proyectos que afecten su identidad cultural.
Además, demandan la aplicación del Estándar IRMA, un conjunto de principios de minería responsable que exige consentimiento informado y participación efectiva de las comunidades locales.
El conflicto puede escalar
La situación podría desencadenar nuevos enfrentamientos entre las comunidades indígenas y el Gobierno de Mendoza, ya de por sí ríspida pues Cornejo desconoce la preexistencia de estas comunidades al Estado Nación.
La presentación de Malalweche incluye una denuncia ante la Fiscalía de Estado, advirtiendo que, ante la falta de respuesta, se iniciarán acciones judiciales con reservas de caso federal.
Por otro lado, la resistencia mapuche pone de relieve el debate sobre la explotación minera en territorios indígenas, un conflicto que se replica en distintas provincias argentinas.
Recurso Jerarquico c. Resolución 130 (1) by Explícito Online
