Jubilados de Mendoza entregaron en la Legislatura un documento sobre el "saqueo sistemático" a sus derechos. Con haberes que no cubren ni la canasta básica, remedios denegados y obras sociales colapsadas, su situación refleja una crisis nacional: el ajuste económico los está dejando en la indigencia.
Entre otras cosas, enumeraron que el haber mínimo jubilatorio en mayo 2024 es de $366.491,75, un monto que no cubre ni la mitad de la canasta básica y que el Salario Mínimo Vital y Móvil (del que dependen los ajustes jubilatorios) cayó un 54,5% desde diciembre de 2015.
"Hoy, un jubilado debe elegir entre comer, pagar el alquiler o comprar remedios", señala el documento.
Salud en crisis: PAMI y obras sociales incumplen
El documento dejó también constancia de que el PAMI niega medicamentos, pese a fallos judiciales que ordenan su provisión (como el Programa Vivir Mejor) y que los y traumatólogos y otros especialistas ya no atienden a afiliados por falta de pago.
Obras sociales como OSEP aumentan cuotas mientras recortan prestaciones, denunciaron.
Ajuste nacional: "Están matando la producción y la ciencia"
Los reclamos del documento van más allá de las pensiones:
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Desfinanciamiento de universidades, el INTA, el INTI y la CONEA.
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Deuda externa: denuncian que el gobierno de Milei agregó USD 20.000 millones a la deuda del FMI de Macri.
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"Es un plan de hambre", acusan, vinculándolo con la bicicleta financiera y la caída del empleo.
Los pedidos urgentes a los legisladores
El petitorio presentado incluye:
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Aumento inmediato de jubilaciones y pensiones. "Esto no es sólo responsabilidad del Gobierno Nacional -recordaron- sino que muchos legisladores aliados al gobernador Cornejo votaron el NO a la movilidad jubilatoria apoyando el DNU y la Ley Bases".
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Suba del Salario Mínimo y protección a PYMES y trabajadorxs.
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Cumplimiento del fallo judicial que obliga al PAMI a restituir medicamentos gratuitos.
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Control a obras sociales y prepagas para frenar aumentos abusivos.
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Emergencia social y en discapacidad, ante el crecimiento de la indigencia.
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Freno a la minería sin licencia social y fin de la represión a protestas.