“Les he solicitado el rechazo del proyecto San Jorge, atentos a partir del trabajo de escuchar y de caminar todos los departamentos donde hemos encontrado que toda la comunidad no está preparada para afrontar un proyecto de esta envergadura y hay mucho temor sobe el tema”.
Con esas líneas vía Twitter el entonces precandidato a la gobernación Francisco Paco Pérez daba por enterrado el proyecto minero San Jorge para extraer oro y cobre de la montaña en Uspallata. Se cumplen este 24 de agosto 10 años de la votación en contra, por 44 votos y 4 ausentes, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de ese proyecto.
La DIA fue material de campaña en esas elecciones después de estar cinco meses pausado a la espera de su tratamiento. El PJ sabía de la resistencia social a la megaminería y pretendía dilatar la discusión para después de octubre. Entonces la UCR apuró el tratamiento, forzando al candidato del oficialismo a pronunciarse en contra, cuando él mismo tenía fuertes lazos con la minería a través del estudio Brgps (la "P" es de Pérez), uno de los más reconocidos especializados en derecho minero.
Pérez fue en persona a la Casa de las Leyes para pedirles a los oficialistas que rechazaran el proyecto San Jorge, que en los hechos significaba la puerta de entrada a la derogación de la Ley 7722.
El día del rechazo, unas 200 personas rodeaban el recinto y miles esperaban afuera el resultado de la votación. En las bandejas se escuchaba el clásico que acompaña todas las manifestaciones de vecinos y asambleístas: "El agua de Mendoza no se negocia".
Hacia el final de su gobierno, Pérez retomó en primera persona las negociaciones con los capitalistas rusos que tenían en sus manos el proyecto. Pero para eso había que cambiar la Ley 7722.
UCR oposición versus UCR oficialista
San Jorge tenía -y tiene- un amplio rechazo social y Pérez venía de proponer en campaña una consulta popular para decidir si se avanzaba o no. La UCR, en ese entonces, impulsaba el rechazo a la DIA basada en objeciones técnicas al proceso. Una vez que fueron gobierno, esa postura declinó a favor de los intereses de los lobbistas mineros.
Una descripción presentada por Coro Mining sobre el proyecto dice:
San Jorge contiene pórfidos de cobre y depósitos de oro, contiene óxido enriquecido y mineralización primaria. Los recursos están contenidos dentro de material de óxido, que sólo puede ser procesado por métodos de lixiviación; material enriquecido, que podría ser procesado por lixiviación o flotación, además de material primario que sólo puede ser procesado por flotación
En las calles las asambleas por el agua de los distintos departamentos mostraban su rechazo al proyecto. En Uspallata una audiencia pública en 2010 -de la cual participaron cerca de 700 vecinos- había rechazado con contundencia la extracción. El año pasado, y pese a la pandemia, los uspallatinos celebraron esa audiencia, recordando con un caravanazo la defensa del agua y pidiendo, otra vez, por el área protegida Uspallata-Polvaredas.
Sobre ese área protegida incluso hubo un proyecto de la UCR cuando eran opositores a Pérez. Data de 2014 y tiene la firma de Tadeo García Zalazar, hoy intendente de Godoy Cruz, y de Héctor Quevedo. Todo se esfumó cuando asumieron el gobierno, y hoy los vecinos batallan para que se apruebe la creación del área.
Cuando el PJ perdió las elecciones a fines de 2015, la UCR con Alfredo Cornejo a la cabeza habilitó el fracking por decreto y, por decreto también, les bajó las regalías a las empresas petroleras para que avanzaran con la fractura de roca. Rodolfo Suarez ganó las elecciones cuatro años después con la promesa de profundizar ese plan.
Un día después de asumir, Suarez envió la ley del cianuro para derogar la 7722 en pacto con el PJ. Las enormes protestas multiplicadas en toda la provincia lo obligaron a volver atrás.
Festejo y catarsis en las calles de Mendoza tras el anuncio de la derogación de la ley del cianuro
Sin embargo el impulso permanente al extractivismo define la línea de su gobierno: desde la creación de un órgano paraestatal -que excluye a la Asamblea por el Agua- para dibujar un consenso a la minería a los convenios con empresas petroleras para profundizar el fracking.
A mediados de 2020, además, representantes de las cámaras de la construcción, metalmecánica, minería, petróleo, agroindustria, y cámaras territoriales reunidas en la Unión Industrial Mendoza (UIM) presentaron un plan de reactivación pospandemia que incluye la reactivación del proyecto minero San Jorge.
Esa es la razón por la cual vecinos y asambleístas de Uspallata, apoyados por la organización de las Asambleas por el Agua en toda la provincia, retomaron el reclamo para que San Jorge -punta de lanza de otras 300 concesiones en la montaña- no pueda concretar lo que quiere hace años: dinamitar la roca y usar tóxicos para sacar el oro y el cobre.