Sin tener los votos necesarios en la Legislatura para lograr la reforma de la Constitución que piden, entre otros, los empresarios promineros, Rodolfo Suarez acudió al Consejo Económico Ambiental y Social, un órgano paraestatal, para presionar a la oposición y lograr cambiar la Carta Magna.
La reforma es fogoneada por empresarios promineros, entre ellos los nucleados en la UIM. Pretenden que cada municipio pueda avanzar con autonomía en proyectos de explotación sin las trabas que impone en toda la provincia la Ley 7722.
Según Suarez, la reforma por la cual pretende eliminar bancas legislativas y dar autonomía a los municipios -que tendría la consecuencia del avance de proyectos megamineros-, tiene el apoyo del 90% de los mendocinos. “Lo dicen las encuestas”, aseguró días atrás.
Como caballito de propaganda de la reforma, el mandatario pondera que se trata de un "achique" de la política y se autoexcluye de la reelección. Sin embargo, detrás de los cambios está el avance de la megaminería, que sucesivos gobiernos han buscado sin éxito, y el control total de la Suprema Corte.
Al recurrir al Consejo Suarez se juega otra ficha para dejar orsai al PJ, que ya manifestó que no votará los cambios en la Constitución. Tampoco la izquierda avala la reforma, porque le quitaría representatividad a las terceras fuerzas.
Suarez les pidió "que se expidan a favor o en contra, para que la Legislatura provincial abra el debate a la ciudadanía sobre la Reforma Institucional en Mendoza. En el pedido se detalló que tienen tiempo hasta el 18 de marzo de manifestar su posición", señalaron voceros de Casa de Gobierno.
Dos de los puntos son impulsados por los lobbistas de la megaminería: el régimen municipal autónomo y la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y el conflicto entre poderes del Estado sea resuelto por el pleno de la Suprema Corte.
Sobre este último punto, por ejemplo, hay pedidos de inconstitucionalidad del decreto que habilitó el fracking, que una corte cuya mayoría es filoradical avalaría. También se resolvió por esta vía la constitucionalidad de la Ley 7722, que en su momento dejó una puerta abierta a futuros cuestionamientos.
Suarez pretende que la Suprema Corte en pleno resuelva pedidos de inconstitucionalidad
