Antes de irse del gobierno, Alfredo Cornejo y su ministro de Seguridad, Gianni Venier, enviaron a la Legislatura un proyecto de reforma de la Ley 8284 que creó, en 2011, el Comité de Prevención de la Tortura (CPPT), un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, resultante de un acuerdo con la ONU que Argentina está obligada a cumplir. Cornejo y Venier cranearon un organismo donde se elimina el concurso para presidir el comite y se le quita poder a las organizaciones civiles y de DD.HH reduciendo de 12 a 1 miembro de representación.
Bajo el ala de Rodolfo Suarez esa reforma avanza en la Lagislatura provincial, lo cual motivó a organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos a repudiar la intentona del oficialismo de culminar la tarea iniciada por Cornejo de pulverizar la injerencia del comité como organismo de contralor y la injerencia de la sociedad civil y llos organismos de DD.HH. en el seguimiento de políticas carcelarias.
El CPPT controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. Observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Es un organismo que puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial políticas para prevenir y erradicar la tortura.
El comité intervino, por ejemplo, cuando el Servicio Penitenciario envió a un pelotón a reprimir la protesta de mujeres encarceladas en El Borbollón -quienes pedían comunicarse con sus familias y elementos básicos de higiene para afrontar el COVID-19-, cuando se reprimió a vecinos de Godoy Cruz que reclamaban por los contínuos cortes en el servicio eléctrico y cuando la policía encarceló a quienes protestaban el domingo pasado en Capital por sus sueldos de indigencia.
El rol del procurador
Antes del proyecto de reforma, Cornejo nombró como procurador a Luis Romero, un militante de la UCR que no había ganado el concurso de antecedentes, sino que había quedado en tercer lugar de mérito. En ese momento, los organismos de DD.HH, compararon la designación de Luis Romero con la de Laura Alonso al frente de la Oficina Anicorrupción.
Hubo pedidos formales para respetar el procedimiento y anular la designación de Romero, con nula escucha por parte del Ejecutivo.
Organismos de DD.HH. pidieron anular la elección del Procurador de Personas Presas
En el proyecto de reforma del cornejismo, el procurador electo tendrá mandato de 2 años (lo cual lo deja a merced del gobierno de turno) y lo elegirá el Ejecutivo, con aprobación del senado. Elimina de esta manera la elección actual a través de "una terna vinculante propuesta por una Comisión Asesora conformada por la Cátedra de Derechos Humanos de las universidades locales, mediante concurso público de antecedentes y oposición".
"Con la grosera eliminación del concurso, se pone en riesgo no sólo la probanza de la idoneidad de los postulantes, y la transparencia en la designación, sino también la necesaria independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la mera cercanía política con el poder de turno, algo que contraría todo lo que representa el cargo", señaló el Comité Provincial de Prevención de la Tortura sobre ese punto.
El comité, de 12 a 1
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura fue creado para control externo, sujeto a estándares como la autonomía e independencia de los demás poderes del Estado. Se creó pensado como el órgano de aplicación en Mendoza del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932.
Se supone que debe tener plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado en ejercicio de las funciones asignadas por la la ley que lo creó y "con independencia técnica, jerárquica y funcional respecto a cualquier otra autoridad, órgano u organismo provincial. Se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad", señala la ley original.
Sin embargo, Cornejo ideó y ahora Suarez -con la mayoría en ambas cámaras se encamina a arpobar- la modificación de esos criterios de independencia, que implica que el Ejecutivo tendrá control absoluto sobre las personas privadas de la libertad a quienes, más allá de la pérdida de libertad debe garantizárseles todos los demás derechos.
Señala el Comité sobre este punto de la reforma: "Puede vislumbrarse desde ya uno de los objetivos principales tenidos en cuenta: la disminución, a la mínima expresión, de la injerencia de las organizaciones sociales de Derechos Humanos".
Sólo 1 de los integrantes pertenecería a la sociedad civil y el resto de los integrantes pertenecería al Ejecutivo y al Colegio de Abogados. "En ningún estándar internacional se establece que personas del Ejecutivo deben formar parte del mismo mecanismo que los debe controlar", explicó a EXPLÍCITO Ana Sosino, licenciada en Trabajo Social y una de las integrantes del CPPT en la actualidad.
El CPPT eleboró un documento donde explican los puntos centrales de la reforma y la intencionalidad que hay detrás de la misma:
