El fiscal del decimoprimer juicio por delitos de lesa humanidad, Pablo Garciarena, comparó la importancia de estos procesos con la batalla de miles de mendocinos por mantener la vigencia de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro en la minería. Fue en el marco de una réplica a los defensores de los acusados, que buscaron desacreditar los alegatos del fiscal.
En audiencias anteriores del juicio, el defensor Ariel Civit comparó la acusación del fiscal con los tribunales de la Inquisición, que ejecutaban acusados sin necesidad de pruebas en su contra, sólo con sospechas e indicios. En ese sentido, también tuvo Civit cuestionamientos en general hacia los juicios de lesa humanidad en general, por adherir a la parte acusatoria como parte de un relato.
Garciarena buscó refutar en este punto al defensor: "Son muy pocas las políticas de estado que tienen vigencia mas allá de cualquier gobierno. Un caso local en Mendoza es la defensa de la comunidad de la Ley 7722 cada vez que los gobiernos han impulsado la minería a cielo abierto. Ese es un ejemplo donde la ciudadanía en ejercicio de las herramientas que le da el Estado de Derecho y la democracia ha manifestado su posición respecto a esa política".
La historia de la 7722, la Ley que sobrevivió al acoso permanente del establishment
Siguió: "Lo mismo ocurre con el reclamo de la soberanía de Malvinas, que este año se cumplen 40 años del conflicto bélico y no hubo sector o referente que no legitimara el reclamo sobre la soberanía".
