El Verbo Encarnado de San Rafael y agencias de seguridad apuntados por el financiamiento de la fuga de dos represores

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De Marchi y Olivera fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Se fugaron cuando eran trasladados de la cárcel de Chimbas, en San Juan, a Buenos Aires, en teoría por razones médicas.

 

Aun quedan 73 represores de la dictadura prófugos

Una cifra sólo posible por una red de complicidades. Su gravitación en los nichos políticos, religiosos y financieros del presente. Cómo funciona la industria de la clandestinidad procesista.

El tipo fue detenido el 15 de julio en una apacible cuadra de la calle Ramón L. Falcón, del barrio de Liniers, al ir hacia un restaurante chino. Los policías de la delegación local de Interpol sabían que aquel anciano con barba descuidada había incluido la comida oriental en la rutina de su clandestinidad. Se trataba del teniente coronel Alejandro Lawless, cuya existencia era un misterio desde el 12 de noviembre de 2013.

Según reveló Tiempo Argentino, ese día, mientras era trasladado a la alcaidía del Palacio de Tribunales, puso los pies en polvorosa y se esfumó entre los peatones de la calle Lavalle, con el visto bueno de tres efectivos de la PSA, ahora procesados. Lo cierto es que su súbita ausencia no pudo ser más oportuna: Lawless, un antiguo oficial del Batallón 181 de Comunicaciones con asiento en Bahía Blanca, acababa de ser añadido al lote de 24 represores acusados por 44 crímenes de lesa humanidad en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

La pesquisa daba por descontadas las aptitudes y medios del teniente coronel para prolongar su condición de prófugo. Nadie, claro, imaginaba que su fervor por el chop suey lo llevaría a la desgracia.

El caso de sus camaradas de armas, el ex teniente Gustavo de Marchi y el ex mayor Carlos Olivera, es, en cambio más venturoso.

La de ellos también fue una evasión con apoyo externo, precedida por una maniobra para obtener la autorización “por razones médicas” del traslado de ambos desde la cárcel cuyana de Chimbas al penal bonaerense de Marcos Paz, antes de que se escaparan del Hospital Militar. El trasfondo de la fuga incluye funcionarios del Poder Judicial, personal del Ejército, agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y hasta médicos. Al cumplirse un año del asunto, no hay indicios sobre sus paraderos.

En consecuencia, Olivera y De Marchi aún engrosan la lista de 73 represores prófugos. Una cifra únicamente posible en razón de la estructura logística que la solventa y apuntala mediante un complejo tejido de complicidades. Y que, a su vez, revela la gravitación de ciertas capas geológicas afines al terrorismo de Estado en los nichos políticos, religiosos y financieros del presente.

Al respecto, el mismísimo Olivera encarna un paradigma.

Convertido en abogado, supo defender a personajes como el general Guillermo Suárez Mason, el almirante Emilio Eduardo Massera y el criminal de guerra nazi Erich Priebke, entre otros represores de fuste. A la vez, sumó prestigio profesional entre los uniformados en actividad al lograr en 2002 que la justicia dejara sin efecto el recorte salarial del 13% en el Ejército, impulsado por el gobierno de la Alianza. Su especialidad ya eran las querellas contra el Ministerio de Defensa por actualizaciones de haberes del personal de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, fue el máximo animador del festival de cautelares que alegró por casi tres lustros a la familia militar. En resumen, amasó una fortuna con juicios al Estado y supo crear fideicomisos millonarios para suavizar sus propios apuros y los de sus pares más dilectos.

Pero el suyo no fue un ejemplo aislado de movilidad social.

Por caso, al ser atrapado en México a fines de 2000, el capitán de la Armada Ricardo Cavallo, quien fuera uno de los verdugos de la ESMA, se había reciclado nada menos que en director del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) en ese país.

En la actualidad, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investiga empresas y operaciones de lavado concebidas por los verdugos de la Armada al calor de los bienes apropiados a víctimas de la represión. Una red de sociedades anónimas relacionadas entre sí y que aparecen creadas por los integrantes de esa fuerza. Y, entre otros propósitos, para aligerar los embates judiciales de la actualidad.

Prueba de ello es el modo con el cual la Armada cubrió –con documentación falsificada, dinero y valiosos contactos– la huida a través de Paraguay, Austria y Sudáfrica del jerarca de la ESMA, Jorge Vildoza, según una carta escrita por Javier Penino Viñas, el joven apropiado por el represor.

Otra punta del ovillo en esta cuestión son ciertas agencias de seguridad vinculadas a viejos represores, como la empresa Scanner SA, del ex coronel Héctor Schwab, hoy también prófugo. Allí, este concibió la denominada Unión de Promociones, un sello para oponerse a los juicios contra sus camaradas. Y también impulsó la figura de Cecilia Pando, una criatura ideada para canalizar sus reclamos públicos.

Entre otras empresas del ramo administradas por viejos procesistas, supo resaltar la agencia Bridees –que proveía protección a las empresas del Grupo Yabrán–, cuyo nombre era en realidad un apócope de “Brigadas de la ESMA”. Lo cierto es que los ejemplos abundan. Tanto es así que el ex coronel Aldo Álvarez, prófugo de la justicia por crímenes cometidos en Bahía Blanca, encabezó la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. El ex capitán Hugo Espeche, preso por su participación en la Masacre de Las Palomitas, es socio mayoritario de Espe SRL, contratada por una petrolera en Chubut. El ex coronel del Batallón 601 Víctor Gallo regenteaba la agencia Lince, famosa por su publicidad en Radio Continental. Y el coronel retirado Rodolfo Solís, también del Batallón 601, fue directivo de la consultora de seguridad Lyons SRL, una pyme en la que también se reciclaron otros ex represores como Alberto José Jaime y Ezequiel Causada. Entre sus mejores empleados, figuraba nada menos que el hoy afamado espía Ciro James.

Cabe destacar que la red que apoya a los represores en problemas cuenta con una pata eclesiástica. Su referente más activo es el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), la cual controla decenas de colegios en todo el país y una universidad con sedes en Mar del Plata y Bariloche.

No le va a la zaga el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación de extrema derecha con sede central en San Rafael, Mendoza, creada en 1984 por el cura Carlos Buela. Esa organización –al igual que FASTA– suele aportar financiamiento, consuelo espiritual, recursos, financiación y hasta techo a los ex uniformados en apuros.

El reverendo padre Javier Olivera, hijo del represor más buscado del país, pertenece a sus filas. Ordenado sacerdote a fines de 2008, el ahora padre Javier es un cuadro de la congregación. Una congregación cuyos integrantes están acusados de conductas deshonestas, abuso de poder, abuso psicológico, sexual y encubrimiento. Una extraña secta con 45 sedes en todo el mundo y recursos económicos ilimitados. No sería de extrañar que en esa ciudad, bajo el amparo de la congregación, alguno de los 73 represores prófugos disfrute de cobijo.

Publicado por el colectivo español Casapueblos