Avance del lobby prominero

Mapuches de Malargüe advirtieron que recrudecerá la persecución a su comunidad si voltean la Ley 7722

Share

Gabriel Jofré, werkén de Malargüe. Foto: Captura de pantalla

En nombre de los mapuches de la comunidad Malalweche y de los integrantes de la Asamblea de los Bienes comunes de Malargüe, Gabriel Jofre advirtió en la Legislatura que la modificación de la Ley 7722 -que abre las puertas al proyecto San Jorge y a las sustancias contaminantes en la minería metalífera- traerá mayor criminalización y judicialización de las comunidades indígenas que viven en el sur provincial.

Puntualizó Jofré que “no hace falta Jáchal o Catamarca, aquí tenemos un saqueo. Nuestros gobernantes responden a las corporaciones y en Malargüe nuestro territorio es saqueado desde 1877. Hoy continua el saqueo. Nosotros nos sumamos a la defensa de la 7722 porque cuando Agulles la presentó en la Cámara de Comercio de Malargüe estaba detrás la empresa Yamana Gold. Uno de los proyectos que no han presentado acá se llama proyecto Don Sixto, en una zona limítrofe de La Pampa y Mendoza y hoy en ese territorio hay una gran conflictividad social, hay peleas por alambrados. Los que trabajan en la mina siempre tienen alambrados y eso nos problematiza. Nosotros somos trashumantes, vivimos en ese territorio, criamos nuestros animales”.

(N. de la R: por un defecto de la grabación de origen en el Senado sólo puede apreciarse el audio del video a continuación en una PC o en celular con uso de auriculares):

 

Jofré intervino en la última comisión legislativa donde se expusieron argumentos en defensa de la Ley 7722. Allí dijo  que “no solamente están las presiones que sufrieron los asambleístas en Uspallata, en Malargüe muchos perdieron el trabajo, por eso muchos hoy no pueden dar la cara, hay una persecución laboral. Y ahora estamos en una instancia de criminalización. Estas empresas están con equipos de abogados preparadísimos para criminalizarnos”.

Luego ejemplificó: “Hoy tenemos el caso muy concreto: una cantera de yeso ha metido en lio a cinco fiscales y han terminado acusándonos a cuatro autoridades mapuches sin fundamento, por un correo electrónico del dueño de Sominar, un japonés al que en el Municipio de San Rafael le entregaron un área protegida de 138.000 hectáreas con nuestra gente en el territorio”.

Jofré se refiere a una imputación que se llevó adelante a pedido de un empresario minero japonés que administra un latifundio en el sur y es parte de un holding de inversión internacional. Las autoridades mapuches solicitaron el derecho a la consulta libre, previa e informada ante el intento de poner en producción una cantera de yeso, en el Lof El Sosneado.

La comunidad Malalweche expresó al respectio en un comunicado que “en noviembre se intentará, a pedido de estos Terratenientes, procesar por usurpación a quienes viven desde generaciones en sus Territorios Comunitarios. Mientras la Constitución Argentina reconoce la prexistencia, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras y territorios a los Pueblos Indígenas, la Justicia mendocina patrocina a ciudadanos de otros Estados dejando a su Sistema Democrático electoral como un hecho simbólico y poco importante”.

En línea con estas palabras, Jofré señaló que los embates legislativos que buscan que la 7722 se transforme en letra muerta servirán, de lograr su cometido, como instrumento aleccionador de la democracia burguesa a los que quieren una democracia participativa.

“Una modificación de la ley de este tipo es muy engañosa. la apertura chiquita que quieren hacer es para abrir al resto es para mostrar la debilidad de la gente organizada, de un proceso, Esto que quieren hacer es aleccionamiento, aleccionamiento en nombre de la democracia representativa. Igual como nos han criado somos agradecidos por participar, pero no creemos en estas instancias”, remarcó.

Finalizando su exposición el mapuche remarcó: “Un tema clave para la explotación minera es la propiedad de la tierra, En Malargüe hay concentración de la tierra. Los famosos malayos tienen 350 mil hectáreas, y ¿quien habilitó el fracking? Los malayos. No la familia Hevia del puesto Rojas, que hoy tiene un proceso administrativo porque no se respetó el derecho a la consulta y le metieron dos pozos de fracking. Para eso hay demoras, que ‘vamos a ver qué hacemos’, para todo lo demás hay urgencia”.

(N. de la R: por un defecto de la grabación de origen del Senado sólo puede apreciarse el audio del video a continuación en una PC o en celular con uso de auriculares):

Miembros de la comunidad Malalweche, en el Sur de Mendoza.
Share

COMENTARIOS