Después de dos años de debate y de cientos de testigos que pasaron frente al tribunal, comenzó la etapa de os alegatos en el IV Juicio de Lesa Humanidad en Mendoza, que tiene sentados en el banquillo de los acusados a los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo, policías y ex militares.
El Gobierno de Mendoza alegó constituido como querellante con la representación de la Subsecretaria de Justicia a cargo de Sergio Bonsangue, quien se expidió sobre las causas en las que interviene como tal, esto es – con excepción de las causas que involucran a los ex magistrados, donde la Provincia no es querellante- sobre los hechos que encuentran bajo investigación y que involucran a exagentes militares y expolicías.
En su alegato, Bonsague argumentó sobre el contexto de Mendoza durante los años de la última dictadura cívico militar y refirió sobre los delitos de lesa humanidad con especial referencia a los delitos sexuales padecidos por personas privadas ilegítimamente de su libertad.
Hizo referencia al proceso de gestación de la represión ilegal, desde los vejámenes ejecutados por el Comando Moralizador Pio XII hasta la aplicación del plan criminal conducido por las Fuerzas Armadas, que comprometió al conjunto de organismos de seguridad.
Señaló que, antes del golpe del ‘76, se desarrolló el “Terrorismo ideológico” predictarorial desplegado por el gobierno constitucional. Además del dictado de normas violatorias de las garantías constitucionales, el querellante señaló que las instituciones del Estado, en lugar de perseguir a la subversión con la ley en la mano, utilizó recursos legales para violar las garantías más elementales. Para ello contó con la asistencia de quienes eran jueces federales en ese momento.
Asimismo hizo un repaso sobre los hitos y aspectos específicos de la represión en Mendoza. En relación a esto último, mencionó la persecución gestada por el Comando Anticomunista Mendoza -CAM-, así como los lugares donde se materializó el terrorismo de Estado: el D-2, la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y la Penitenciaría Provincial. En las dependencias ya señaladas prestaron servicio los acusados.
Ahondó sobre el pedido de ampliación de las recusaciones para los acusados, para quienes solicitó cadena perpetua en 12 casos, mientras que para resto de los procesados, entre 10 y 15 años de prisión.
Este es el detalle de las penas solicitadas:
-Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para: Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha, Paulino Enrique Furió Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez, Luis Alberto Rodríguez, Miguel Ángel Tello, Alcides Paris Francisca, Carlos Horacio Tragant, Juan Carlos Ponce, Héctor Rubén Camargo y Miguel Ángel Ponce.
-Quince años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de diez años para Dardo Migno y Ramón Puebla.
-Doce años de prisión para Armando Hipólito Guevara, Antonio Garro, José Antonio Lorenzo y Marcelo Moroy.
-Diez años de prisión para Félix Humberto Andrada, Diego Morales, Oscar Bianchi y Pedro Linares.
Finalizada la presentación, el Tribunal informó que la próxima audiencia será el lunes 14 de diciembre a las 9,30, para continuar con los alegatos de las querellas.
