En el proceso se ventilan las atrocidades cometidas incluso antes del golpe del 24 de marzo, cuando Otilio Romano ya era fiscal y Miret, Guzzo y Carrizo se alternaban como jueces.
En la causa en la que se juzga en Mendoza la complicidad y el brazo ejecutor de la justicia de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar se imputó a Guillermo Petra, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Luis Miret en la jornada en la que se retomó el proceso que, además, juzga al destituido juez Otilio Roque Romano, cuyo juicio posee características diferentes, debido al tiempo que el ex juez estuvo prófugo de la justicia.
Todos están acusados de no haber investigado denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus despachos en forma de hábeas corpus y otros recursos.
La causa contra Otilio Roque Romano es diferente, debido al tiempo que el ex juez estuvo prófugo de la justicia.
El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Manuel González, expresó que "luego se trabajará sobre la megacausa D2 ya que es la causa más larga, debido a la cantidad de acusados”.
Finalizada la lectura de las acusaciones, “recién se dará comienzo al juicio formalmente”, dijo González.
Por otra parte, el funcionario explicó que hasta que concluyan las testimoniales, se esperan 5 jornadas más.
Las audiencias por los crímenes de lesa humanidad, continuarán este martes y la semana que viene lunes y martes.
Tormentos en el D2 bajo complicidad judicial
Algunos de los hechos ventilados en el juicio fueron anteriores al golpe de estado del 24 de marzo; por entonces Romano ya era fiscal y Miret, Guzzo y Carrizo se alternaban como jueces.
Se repetía el mismo procedimiento: las víctimas eran interrogadas bajo tortura en el D2 y firmaban, siempre con los ojos vendados, un acta cuyo contenido desconocían. Luego eran presentadas al juez de turno; a pesar del evidente estado de deterioro físico y la queja por los tormentos, los magistrados se limitaban a preguntar si podían identificar a quienes denunciaban por los apremios; ante la negativa daban por terminado el asunto.
"Fue escandaloso el proceder de Otilio Romano en relación al grupo de sindicalistas detenidos en febrero del ’76 para quienes pidió la prisión preventiva. Sin embargo, el juez Guzzo sobreseyó a algunos por falta de mérito. El mismo Romano apeló el fallo, dando por ciertas las declaraciones tomadas en la policía bajo evidente tortura. Un integrante de este grupo de detenidos, Miguel Ángel Gil, murió a consecuencias de los golpes y picana sufridos en el D2", reseña el sitio juicioa.blogspot.com.ar.
En algún momento del proceso judicial, todos denunciaron las lesiones, torturas, ataques sexuales, robos de bienes y la obligación de firmar actas auto incriminatorias; los hechos llegaron a conocimiento de Carrizo, Miret y Romano quienes cumplían con la formalidad de pedir informes a la policía que, en general, nunca llegaban y jamás reclamaron.
Fuente: juicios.blogspot.com.ar
