Reporte de violencia institucional

La Correpi sobre la solicitada del PRO: "Condujo la gestión más ferozmente represiva de la historia reciente de nuestro país"

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La Policía de Mendoza en un operativo en la Sexta Sección contra un chico que barría veredas a cambio de Comida. Foto: Archivo Explícito.

A 82 días de la aplicación del DNU, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) desenmascaró al PRO -que firmó una solicitada por el abuso de las fuerzas represivas en la vigilancia de la cuarentena- : "Condujo la gestión más ferozmente represiva de la historia reciente de nuestro país", postula la Correpi.

El PRO difundió días atrás una solicitada en la que decía condenar "la violencia institucional en nuestro país y nos preocupan los hechos de los últimos días".

Además, en el mismo reporte, en el que la Correpi fustiga al gobierno de Alberto Fernández por el despliegue de violencia de las fuerzas policiales en sectores especialmente vulnerables, incluyó el caso de la mendocina muerta en San Luis, Florencia Magalí Morales, junto a otros en los cuales responsabilizó al Estado Nacional por a reiteración de casos de abuso policial.

Informe Explícito: Florencia Magalí Morales

"La acumulación de hechos represivos desde el inicio de la vigencia del DNU 297/2020, y la gravedad de algunos hechos puntuales ocurridos en las últimas semanas, como la desaparición forzada y asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, las torturas padecidas por una familia qom, incluidas dos niñas, en el Chaco y las muertes en comisarías, que suman 12 entre el 20 de marzo y el 30 de mayo, ha motivado públicas condenas desde integrantes del oficialista Frente de Todos y hasta del PRO, que condujo la gestión más ferozmente represiva de la historia reciente de nuestro país. Por nuestra parte, ratificamos que si es institucional, es represión del estado, sea en el distrito que sea, y que se necesitan políticas concretas en vez de palabras".

Señala que "en este momento de explosión del uso de las facultades para detener personas en cualquier circunstancia, resulta más urgente que nunca que se cumpla la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio, que condenó en 2003 al estado argentino a eliminar el sistema de detenciones arbitrarias, puerta de entrada a la tortura y la muerte en comisarías. Claramente, en un sistema de opresión de clase y género, no es posible que ello ocurra".

Entre las críticas a la gestión de la pandemia, postula la organización que "el grueso del dinero se sigue destinando a las ganancias de los grandes empresarios y el pago del FMI, mientras en las barriadas populares la gente sigue recibiendo dádivas, y a los sectores vulnerados llegan más rápido los palos de las fuerzas represivas que asistencia sanitaria efectiva".

Abusos policiales en Mendoza

La Correpi dedicó en abril un capítulo a los abusos cometidos porla Policía de Mendoza en la vigilancia del cumplimiento del artículo 205 del Código Penal sobre el que se basó el decreto presidencial de la cuarentena.

La Correpi incluyó a Mendoza en un informe de abusos policiales durante la cuarentena

También la APDH, en alerta por los reiterados casos de abuso de la Policía de Mendoza en el marco de la vigilancia de la cuarentena, le envió una carta a Rodolfo Suarez para que aplique las “Recomendaciones en el marco del control del cumplimiento del Decreto 297/2020” dictadas por la Nación.

Desde la aplicación del 205 en Mendoza, se multiplicaron los casos de abuso de la Policía de Mendoza contra sectores de la población especialmente vulnerables.

Entre los casos que se conocieron públicamente está el de un joven verdulero que tiene toda su familia a su cargo, incluída su madre -despedida del Casino recientemente-, que fue detenido por la policía cuando hacía el reparto de verdura, frutas y pan a sus clientes habituales en Godoy Cruz.

Otro caso ocurrió en la Sexta Sección, con un operativo que desplegó siete móviles policiales para detener a un menor que barría veredas a cambio de comida. La policía se llevó también a una vecina que salió a defenderlo y filmó cuando un agente le pegaba a otra mujer. Fueron llevados al barrio Cano, les iniciaron una causa, y a ella le devolvieron el celular sin los videos.

 

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