El fiscal general a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado, Pablo Parenti, y el auxiliar fiscal de la misma dependencia, Iván Polaco, solicitaron al Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que imponga 15 años de prisión al exoficial de la Armada Adolfo Donda Tigel durante el tramo final de su alegato por su intervención en la apropiación de Victoria Donda Pérez, su sobrina, nacida en agosto de 1977 y sustraída durante el cautiverio de su madre, María Hilda Pérez, en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
"El acusado hizo un aporte relevante para que estos hechos fueran llevados a cabo en esas condiciones concretas", indicaron, y subrayaron: "No hay dudas de que estamos antes los hechos más graves que la escala penal aplicable puede llegar admitir".
Los representantes del MPF consideraron que se encuentra probada la participación necesaria del acusado en la sustracción de Victoria Donda y su coautoría en la posterior retención y ocultación de la víctima, que nació en la exESMA, donde funcionó una maternidad clandestina en el contexto del plan sistemático de apropiación de niños y niñas, que fue probado judicialmente.
En su exposición, la fiscalía solicitó que se declare que los hechos juzgados constituyeron crímenes de lesa humanidad, "delitos que ofenden a la conciencia universal y trascienden a los individuos por su magnitud y extensión", definió. Añadió que los crímenes implicaron una forma específica de violencia contra la mujer por su condición de tal, es decir, que se trató de una conducta constitutiva de violencia de género: “En la determinación de la pena también debe ponderarse que se trataron de agresiones basadas en género, dirigidas contra una persona indefensa en una situación de especial vulnerabilidad, no sólo por tratarse de una mujer sino de una mujer que requería los máximos cuidados por encontrarse embarazada”.
"Es claro que las autoridades de la Armada contaban con que Donda, por lo menos, aceptaba cada una de las decisiones que determinaron el destino de su cuñada y su sobrina, que no iba a hacer nada para impedirlo, que iba a mantener el plan en la clandestinidad para garantizar que se concretara y que iba a ocultar los hechos para siempre", sostuvo la fiscalía.
A lo largo de las jornadas de alegato iniciadas el 22 de noviembre pasado, la fiscalía repasó los testimonios registrados audiovisualmente durante el juicio, que permitieron dar cuenta del rol jerárquico de Donda dentro de la ESMA y de su conocimiento del destino de su sobrina Victoria.
En ese contexto, la fiscalía puso de relieve que la fidelidad mostrada por Donda a los planes represivos de la Armada, aun cuando afectaran a su propia familia, fue percibida por los secuestrados como un elemento que lo distinguía frente a sus pares, que le otorgaba reconocimiento.
La fiscalía rechazó de plano la argumentación del acusado, quien había intentado ubicarse como una víctima en su descargo durante el juicio. "La hipótesis presentada por el imputado es insostenible. Es completamente imposible que las autoridades de la ESMA y otros estamentos superiores de la Armada hayan cometido tantos riesgos", destacó la fiscalía. En este sentido, añadió: "Pretender que la Armada haya hecho todo esto y mantener los hechos a las espaldas de Donda es ridículo".
Para la fiscalía "es claro que las autoridades de la Armada contaban con que Donda, por lo menos, aceptaba cada una de las decisiones que determinaron el destino de su cuñada y su sobrina, que no iba a hacer nada para impedirlo, que iba a mantener el plan en la clandestinidad para garantizar que se concretara y que iba a ocultar los hechos para siempre, inclusive frente a los reclamos expresos, las expectativas y las necesidades de su propia familia. Y así fue, Donda se mantuvo fiel a este compromiso con la Armada".
En efecto, la fiscalía indicó que Donda se hizo parte de la resolución del caso desde antes del nacimiento de Victoria, y que luego ocultó los hechos por décadas, impidiendo el restablecimiento del vínculo familiar.
"Estamos hablando de un oficial de la Armada que estaba asignado específicamente a la represión ilegal y estaba a cargo de tareas de inteligencia y ya se había dedicado a esa clase de funciones", explicó el MPF.
En el cierre de su alegato, la fiscalía destacó: "Estamos en presencia de hechos que revisten la mayor gravedad posible, dado que han sido cometidos como parte de una práctica sistemática y generalizada en el marco del terrorismo de Estado. No hay manera más grave de cometer estos delitos que cuando se los comete en estas condiciones". En tal sentido, remarcó que "se utilizaron todos los recursos del Estado con total garantía de impunidad y esta garantía de impunidad justamente fue el correlato del absoluto estado de indefensión de las víctimas".
Tras la finalización del alegato, el tribunal oral dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 20 de diciembre, cuando se retomarán las audiencias.
"Estamos en presencia de hechos que revisten la mayor gravedad posible, dado que han sido cometidos como parte de una práctica sistemática y generalizada en el marco del terrorismo de Estado. No hay manera más grave de cometer estos delitos que cuando se los comete en estas condiciones".
Los hechos
La acusación fiscal describió que María Hilda Pérez y José María Laureano Donda -hermano del acusado- estaban casados, tenían una hija pequeña y esperaban otra. La pareja militaba en la organización Montoneros, en la zona oeste del conurbano bonaerense. La mujer, embarazada de cinco meses, fue privada ilegalmente de su libertad el 28 de marzo de 1977 en Castelar, partido de Morón, y luego fue trasladada a la comisaría de esa ciudad, donde fue mantenida en condiciones inhumanas de vida y sometida a torturas. Luego fue trasladada a la ESMA para que diera a luz a su bebé en la maternidad clandestina. Victoria nació aproximadamente en agosto de 1977.
Durante el cautiverio, María Hilda Pérez fue asistida por el médico Jorge Luis Magnacco -condenado por este hecho en otro juicio- en la habitación de embarazadas de la ESMA, denominada por los represores como “Maternidad Sardá” o “la Sárda por Izquierda”, que funcionaba en el piso superior del Casino de Oficiales. Posteriormente, mediante la acción del oficial Donda juntos a otras personas, la niña fue sustraída e inscripta con otros nombres y el apellido de su apropiador, el prefecto Juan Antonio Azic, y como hija de este y de su esposa, Noemí Esther Abrego.
Adolfo Donda Tigel se desempeñó durante años en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y allí actuó conjuntamente con otros miembros de la Armada en secuestros, en aplicación de tormentos, entre otros delitos, hechos por los cuales recibió penas de prisión perpetua en 2011 y en 2017 en las denominadas causas 1270 y ESMA Unificada, respectivamente.
