Las voces críticas que se levantaron en la Legislatura contra el proyecto de reforma de la Suprema Corte coincidieron en que el proyecto que se trató en el recinto conserva el espíritu del original, impulsado por el cornejismo para eliminar la Sala II por los fallos adversos contra el gobierno de signo radical.
En ese punto, coinciden con lo expresado por el secretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, del riñón cornejista, quien se mostró satisfecho tras las modificaciones que se le hicieron a la iniciativa original porque, en definitiva, van a tono con los cambios que pretendía el exgobernador.
Ya desde su gobierno, Cornejo quiso modificar la Suprema Corte, pero no fue sino hasta este año que apuró, a través de su sucesor Rodolfo Suarez, esos cambios. Lo hizo con una iniciativa que ataca directo a la Sala penal y laboral, formada por dos jueces que no le responden, como Mario Adaro y Omar Palermo, y un filoradical, José Valerio.
Finalmente la Cámara de Diputados dio media sanción a las reformas, con sólo tres votos en contra: de José Luis Ramón (Protectora-FdT), Mercedes Llano (PD), ex aliada del oficialismo y muy crítica por el avasallamiento contra el Poder Judicial, y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).
"Visos de un sistema feudal"
"Desde el PD hemos impulsado proyectos para revertir el proceso de erosión de nuestra república. con esto me refiero también a todos los órganos de contralor. Avanzo sobre el Tribunal de Cuentas, designando a un presidente de esta cámara, avanzó sobre la justicia, designando a un ministro de Gobierno, y los distintos partidos han designado a ministros de Gobierno, han avanzado sobre la oficina de Ética Pública nominando a una persona afín al Gobierno", argumentó Llano, quien ya ha advertido sobre el modo de construcción de poder del cornejismo.
"Buscan garantizar la concentración en manos del oficialismo en la suprema corte de las potestades juridiccionales y administrativas. Se ha naturalizado el avance de la política sobre el poder judicial, la cooptación de la política sobre los órganos de contralor. Este proceso va a dando a nuestro sistema político visos de un sistema feudal, caudillista, que genera enormes daños", siguió la legisladora.
Llano criticó también el proyecto emanado por los jueces, del cual dijo "es un parche que no hace sino dilatar la aplicación de la reforma original en el 2023, sin abordar el problema de fondo, que consiste en la partidización. Para que una reforma estructural fuese creíble debería haberse establecido una mayoría calificada para la elección de jueces". Remarcó como medida complementaria la elección de jueces de la Corte que no hubieran tenido cargos políticos.
"La Corte debería tener una especialidad ambiental"
Una verdadera reforma, apunto Fugazzotto, debería hacer que la Corte trabajara como un tribunal de excepción. Reclamó una especialidad en materia ambiental, "porque los delitos ambientales son cada vez mayores. La Corte debería tener especialidad ambiental y de familia. Hoy nos encontramos próximos a un debate sobre la 7722, y si se va a la Corte probablemente salga en contrario".
Precisamente, demandas ambientales pendientes se ponen en jaque con esta reforma. Una de ellas es la demanda por inconstitucionalidad del decreto de Cornejo que habilitó el fracking, y la otra es una querella contra Irrigación por darle agua de los ríos a la petrolera de Vila y Manzano para fracturar roca en el sur.
"Molesta la Sala II por sus fallos adversos contra el Ejecutivo"
Ramón subrayó que el proyecto fue discutido en el seno de la Corte porque "hay una sala que dicta fallos en contra del Ejecutivo. ¿Dónde está el consenso y el acuerdo, cuando acá el Ejecutivo dice que no le gustan los fallos de la Sala II de la Corte?"
"¿Quién dice que hubo un acuerdo en la Corte, no hubo acuerdo, hubo acuerdo entre los jueces, que dijeron bueno vamos a dilatar un año la eliminación de la sala que tanto perjuicio nos da. ¿Quién es el ideólogo de esto, el gobernador Suarez, o el exgobernador Cornejo senador de la Nación? quien impulsa esto no es Garay, es el subsecretario de Justicia, que está hoy en el recinto. Suarez no se quiso ni meter, porque el proyecto es del exgobernador, que pretende la hegemonía total para presentarse en las próximas elecciones y gobernar como un rey", soltó Ramón.
"¿Podemos consentir que el Poder Ejecutivo le imponga a los jueces que se pongan de acuerdo con un proyecto para que vengamos y lo aprobemos nosotros? Eso no es la república", siguió.
