Este viernes 22 de mayo se retoma en Mendoza el Noveno Juicio de Lesa Humanidad, que juzga por primera vez a miembros del Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea como parte del aparato organizado de poder.
La Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los tribunales orales continuar con los debates en aquellas causas por delitos de lesa humanidad que puedan concluirse de manera remota, y así haya sido solicitado por defensas, querellas y el Ministerio Público Fiscal, debates orales en todo el país seguirán su desarrollo y se sumaron otros pedidos.
En Mendoza el fiscal general Dante Vega realizó sendas presentaciones ante los tribunales orales federales de Mendoza y San Juan, en su carácter de titular de la Oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, para la conformación de “mesas de contingencia” junto a las partes y otros actores como el Equipo de Acompañamiento, el Programa Verdad y Justicia y técnicos informáticos.
La fiscalía pidió al Tribunal Oral Federal reanudar el noveno juicio por delitos de lesa humanidad
Antes de la suspensión, en Mendoza continuaba la etapa de recepción de declaraciones testimoniales en otra Megacausa, con 20 imputados. Al momento de su inicio en marzo de 2019 estaban ofrecidos formalmente alrededor de 300 testigos, no obstante durante el desarrollo del debate se va definiendo la necesidad de comparecencia de cada uno o la posibilidad de incorporar sus declaraciones previas.
La presentación firmada por Vega junto al auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante enfatizaba que la mesa deberá analizar el modo en que tales declaraciones podrán desarrollarse. En esa línea, el TOF N°1 de Mendoza le notificó a las partes la plataforma con la que deberán contar "en atención a procurar por medios visuales la continuidad del juicio oral". La vuelta del proceso fue confirmada este lunes por Sofía D'Andrea, miembro del Espaico para la Memoria, en radio La Mosquitera.
Escuchas a las víctimas en casos de domiciliarias
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) se reunió de manera virtual la semana pasada con fiscales, organizaciones civiles, agencias del Estado, organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad para analizar cómo continuar con los procesos de juzgamiento en forma remota.
Allí analizaron, entre otros, cómo se lleva adelante el juicio de lesa humanidad en Mendoza y se destacó también la necesidad de que se dé cumplimiento a la ley de víctimas, para que sean escuchadas y/o notificadas en los casos en los que se analicen arrestos domiciliarios.
En ese punto, en Mendoza se han dado varias domiciliarias a represores, una de las cuales fue revocada -se trata del beneficio para el entregador de la Nieta 117- y otra rechazada por pedido de las víctimas.
Le negaron la domiciliaria a un represor condenado por ataques sexuales contra presos políticos
