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El Gobierno de Estados Unidos planifica la revocación masiva de visas B1 y B2 a cerca de 200.000 ciudadanos extranjeros que gestionan solicitudes de asilo. De oficializarse la medida coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, representaría el mayor proceso de cancelación de visados registrados en la historia del país norteamericano.

La disposición administrativa afectará a los titulares de visados de negocios (visas B1) y de turismo o tratamiento médico (visas B2) emitidos entre los años 2016 y 2026. La medida alcanzará exclusivamente a aquellas personas que hayan iniciado el trámite de asilo o mantengan un expediente activo ante las autoridades migratorias estadounidenses.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la existencia de coordinaciones entre esa dependencia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pigott señaló que el objetivo consiste en identificar y anular los visados de no inmigrante pertenecientes a personas que ingresaron con autorizaciones de estancia corta y posteriormente presentaron requerimientos para fijar su residencia en territorio estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado no precisó la cifra final de visados afectados durante las declaraciones preliminares. Pigott argumentó que el procedimiento mantendrá un carácter continuo y una ejecución gradual, por lo cual el volumen total de cancelaciones variará a lo largo del desarrollo operativo.

Impacto en la situación migratoria

Fuentes gubernamentales explicaron que la cancelación de los visados no implicará la expulsión ni la deportación inmediata de las personas afectadas. Quienes mantengan expedientes en trámite ante las autoridades correspondientes experimentarán una reubicación de su categoría migratoria, perdiendo la condición formal de visitantes temporales de negocios o turismo.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, realizó declaraciones vinculadas al tema a través de la plataforma X. Landau sostuvo que el mecanismo de asilo no debe utilizarse como vía alternativa para eludir las normativas de inmigración vigentes, citando el caso documentado de un ciudadano de Colombia que ingresó en 2015 mediante visado turístico y presentó posteriormente una solicitud formal.

Documentos internos redactados por el Departamento de Estado y divulgados por la agencia Associated Press (AP) indican que la revisión de los expedientes comenzó tras recibir cruces de datos provenientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La información compartida permitió cruzar los registros de entrada con las bases de solicitudes de protección internacional.

Requisitos y antecedentes normativos

Las normativas actuales para la concesión de las visas B1 y B2 exigen a los postulantes declarar que no gestionarán asilo tras su arribo a Estados Unidos. Asimismo, los procedimientos consulares obligan a presentar documentación probatoria de la intencionalidad de retornar al país de origen al término de la estancia autorizada.

Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ejecutó la anulación de 175.000 visas bajo diferentes criterios normativos. Dichas medidas afectaron a personas con condenas o imputaciones judiciales por delitos de diversa gravedad, así como a ciudadanos extranjeros que emitieron declaraciones públicas contrarias a la política exterior de la administración en Oriente Medio.

La administración central mantiene vigentes otras restricciones aplicadas a la emisión de visados para ciudadanos procedentes de determinados países. Las regulaciones vigentes contemplan exigencias adicionales sobre la actividad previa en redes sociales y el depósito de fianzas de costo elevado para la tramitación de expedientes consulares.

El Poder Ejecutivo mantiene acciones normativas orientadas a restringir el denominado turismo de maternidad, enfocado en viajes orientados a la obtención de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los recién nacidos. Las iniciativas orientadas a la derogación general de este principio constitucional registran antecedentes de rechazo en instancias judiciales, incluyendo resoluciones dictadas por la Corte Suprema.