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A partir de diciembre de 2023, Argentina ha experimentado una reconfiguración profunda y acelerada de su mapa corporativo, impulsada y delineada directamente desde la Casa Rosada. Este cambio radical de modelo económico, gestado bajo la administración de Javier Milei, sacudió la correlación de fuerzas dentro del establishment criollo, dejando tras de sí una clara movilidad entre grupos económicos ganadores y perdedores.
Al privilegiar de manera manifiesta el modelo extractivista por encima del resto de las actividades productivas, el gobierno libertario redefinió la arquitectura del lobby empresario nacional. Bajo su imperio se aceleró la fuga de compañías extranjeras en sectores estratégicos —particularmente en el ámbito energético—.
El vacío fue inmediatamente capitalizado por conglomerados liderados por los mismos magnates argentinos que se lanzaron a la caza de los negocios derivados de las privatizaciones y las reconcesiones de activos públicos apuradas por Milei con el fin de hacerse de dólares para pagar vencimientos de la deuda pública nominada en moneda extranjera, que, al mismo tiempo, crece sin pausa.
Como reflejo de este fenómeno, el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en la Argentina registró un dinamismo inusitado: tan solo en 2025 se contabilizaron al menos 105 operaciones de gran envergadura, movilizando un volumen financiero que rondó los 8.500 millones de dólares. El sector energético concentró la abrumadora mayoría de las transacciones. En esta primera fase de absorción sistemática de activos, el capital privado de origen local ejerció un dominio absoluto, desplazando a los inversores internacionales tradicionales y asumiendo posiciones de control hegemónico en áreas que, hasta hace poco, eran administradas por el Estado Nacional.
Entre los holdings que lograron expandir exponencialmente su patrimonio territorial y financiero en este contexto, destacan actores de peso como Vista Energy (conducida por Miguel Galuccio), Pluspetrol (de la familia Rey), la sociedad conformada por Integra Capital, del empresario mendocino José Luis Manzano junto a la multinacional suiza Mercuria, Genneia (propiedad de la familia Brito, dueña del Banco Macro) y Edison Energía (de los hermanos Neuss, vinculados al poderoso asesor presidencial Santiago Caputo).
Vista Energy: Adquirió Petronas E&P Argentina mediante un desembolso de 1.500 millones de dólares. Con este movimiento, la compañía fundada por Galuccio consolidó su posición como la principal exportadora de petróleo shale del país.
Pluspetrol: Concretó la compra de los codiciados activos de la gigante estadounidense ExxonMobil en Vaca Muerta, por una suma de similar magnitud.
Manzano – Mercuria (Phoenix Global Resources): Esta sociedad, ya operadora de yacimientos en Vaca Muerta, absorbió las estaciones de servicio y la refinería de Shell. Esta adquisición estratégica le permitió avanzar hacia un modelo de integración vertical impecable —desde la boca de pozo hasta el surtidor—, un privilegio operativo que en el país solo ostentaban YPF y Pan American Energy (PAE).
El consorcio conformado por Genneia y Edison Energía resultó adjudicatario en las licitaciones de activos energéticos, incorporando infraestructura crítica de generación a su matriz de negocios.
De manera transversal a estos sectores, destacaron la toma de control de los capitales privados en Profertil y la mega-adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom (Grupo Clarín) por 1245 millones de dólares, operación que actualmente se encuentra bajo la lupa de los organismos de defensa de la competencia.
Desinversión y retroceso operativo del Estado
Durante este período, el Estado Nacional ha operado, paradójicamente, como el principal oferente de activos del mercado. La administración de Javier Milei ha enfocado su política rectora en el retiro total y definitivo del sector público tanto de la operación comercial como de la matriz energética.
Operaciones concretadas: La instrumentación y reglamentación de la Ley de Bases (N° 27.742) dotó al Ejecutivo de las herramientas necesarias para sellar el traspaso de activos que el gobierno considera no estratégicos:
IMPSA: Privatizada formalmente en febrero de 2025.
Represas del Comahue: Tras la fragmentación de la empresa estatal Enarsa, el Poder Ejecutivo adjudicó los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta venta de acciones significó un ingreso de 707 millones de dólares a las arcas nacionales en diciembre de 2025. Las operadoras privadas actuales mantienen la gestión técnica en una fase de transición hasta la cesión definitiva a los nuevos concesionarios.
Operaciones en marcha (2026): El cronograma de licitaciones estructurado para el corriente año de 2026 persigue un objetivo de máxima: la recaudación de 2.000 millones de dólares destinados a engrosar las reservas del Banco Central. La hoja de ruta en ejecución incluye valiosos activos estratégicos.
Transener y Transba: El Estado avanza con la licitación del 50% de su participación en Citelec (vía Enarsa). El consorcio Genneia – Edison Energía ya rubricó el contrato para adquirir esta cuota, erigiéndose como controlante de Transener, tras superar en la puja licitatoria a la dupla de José Luis Manzano y Daniel Vila (dueños de Edenor).
Enarsa: La firma estatal continúa desprendiéndose de sus tenencias, avanzando con la venta de la Central Termoeléctrica José de San Martín (68,83%), la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano (65%), Enarsa Patagonia (90%) y Vientos de La Patagonia I (80%).
YPF: La petrolera de bandera se encuentra en pleno proceso de enajenación de sus áreas petroleras maduras y busca desprenderse de su posición controlante en la distribuidora Metrogas. Paralelamente, el Poder Ejecutivo ha iniciado rondas de consultas formales con los gobernadores de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) para sondear la viabilidad legislativa de una eventual privatización total de la compañía.
Otras privatizaciones: Empresas como AySA, Correo Argentino e Intercargo ya cuentan con los decretos reglamentarios firmados para la apertura de su capital accionario, mientras que Nucleoeléctrica y YCRT permanecen en una activa fase de scouting de inversores.
Estrategias corporativas
En el plano financiero, la estrategia corporativa predominante se basó en la ejecución de carve-outs. Mediante esta maniobra, las grandes empresas escindieron sistemáticamente sus unidades de negocio secundarias para reorientar y concentrar todo su capital en los activos extractivos primarios, de altísima rentabilidad a corto y mediano plazo.
La sintonía de estos grandes holdings con la Casa Rosada es estrictamente funcional a esta masiva transferencia de activos. Los grupos económicos hicieron uso de su liquidez para consolidar posiciones dominantes en un mercado fuertemente desregulado. Así, el capital privado no solo captó la operación de las represas hidroeléctricas, sino que amplió sustancialmente su cuota de poder en la transmisión eléctrica, acoplándose sin fisuras a un modelo gubernamental que busca erradicar la participación pública de la planificación sectorial.
El espejismo del RIGI y el «capitalismo de amigos»
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha logrado captar promesas de inversión que superan la estruendosa cifra de 121.000 millones de dólares. Este régimen contempla una inédita transferencia de recursos del Estado hacia aquellas compañías que proyecten negocios superiores a los 200 millones de dólares. A cambio, les blinda contractualmente por 30 años un paquete de beneficios que incluye excepciones impositivas draconianas, acceso ilimitado a importaciones de bienes de capital, libre disponibilidad de divisas y una desregulación total para el giro de utilidades y flujo de fondos hacia el exterior.
No obstante, las cifras revelan una brecha crítica entre la retórica y la ejecución: apenas el 25% de estos megaproyectos ha logrado la aprobación formal. Además, el capital desembolsado se focaliza casi con exclusividad en el sector extractivo. El petróleo, el gas y la gran minería acaparan el 95% de la inversión proyectada, lo que para muchos analistas consagra definitivamente un modelo económico de «enclave exportador», con escaso valor agregado local.
El poder en el establishment
El avance de los aliados del gobierno y la nueva dinámica de poder han terminado por redibujar a la cúpula empresarial argentina.
El bloque alineado: Grupos como IRSA (de Eduardo Elsztain) y Pan American Energy (de la familia Bulgheroni) se erigen hoy como los grandes líderes de este nuevo esquema de capitalismo de amigos, apalancados en sus fluidas y aceitadas relaciones personales con Javier y Karina Milei.
Los socios silenciosos: En una segunda línea, pero con idéntica voracidad expansiva, figuran Pampa Energía (Marcelo Mindlin), el consorcio Manzano–Vila-Filiberti (Edenor) y el grupo Newsan (fundado por Rubén Cherñajovsky y presidido por Luis Galli). Estos actores continúan su expansión en el ámbito energético y minero bajo el generoso paraguas del RIGI. Aunque cultivan un perfil mediático más bajo en su relación con la Casa Rosada, su huella es visible tras haber sido financistas clave en la campaña política del presidente libertario.
El adversario: En la vereda opuesta, enfrentando un escenario de tensión histórica, se encuentra el Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca. Milei ha identificado retóricamente a este conglomerado —el más imponente e industrializado del país— como el símbolo del establishment «casta» que pretende desmantelar. Ante las crecientes amenazas regulatorias y discursivas del gobierno, Techint ha comenzado a priorizar de manera evidente la protección y el desarrollo de sus robustos activos en el extranjero por sobre sus históricas operaciones locales.
