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Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares para permitir el avance de las mineras, La Pampa rimereó con un amparo colectivo para frenar la embestida prominería. Uno de los ejes de la demanda es la vieja disputa que la vecina provincia mantiene con Mendoza por el caudal del río Atuel y por el manejo del Colorado, que implicó una causa contra la construcción de la mega represa Portezuelo del Viento. Esta semana la Legislatura de Mendoza avanzó con un pedido para que Alfredo Cornejo se posicione contra los pampeanos.
La Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración Regional de la Cámara de Diputados de Mendoza dio despacho favorable a la iniciativa de la legisladora del PRO, Jimena Cogo que pide al Poder Ejecutivo provincial que detalle su postura frente al amparo federal presentado por el Gobierno de La Pampa contra la Ley 27.804, la reforma de la Ley de Glaciares.
El texto legislativo advierte que la demanda pampeana podría condicionar de manera directa el desarrollo de proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura en la cordillera mendocina. En particular, menciona los departamentos de Malargüe y San Rafael, donde se concentran iniciativas extractivas y energéticas de alto impacto económico.
La diputada Cogo fundamentó su propuesta en la supuesta “soberanía hídrica” de Mendoza sobre el Río Grande y el Río Colorado, respaldada por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Sin embargo, subrayó que esa soberanía debe consolidarse con obras de infraestructura que permitan aprovechar efectivamente los caudales asignados por acuerdos interjurisdiccionales. Precisamente el manejo unilateral que hace Mendoza de sus recursos sin tener en cuenta la cueca completa es es el eje de las demandas de La Pampa.
El amparo pampeano y la disputa interprovincial
La sanción de la Ley 27.804 marcó un quiebre en la política ambiental argentina. La reforma flexibilizó la protección de glaciares y ambientes periglaciares, habilitando a las provincias a decidir qué cuerpos de hielo proteger y permitiendo actividades industriales en áreas antes vedadas.
Una coalición federal de organizaciones civiles, asambleas territoriales y referentes de derechos humanos presentó un amparo ante la Justicia Federal, respaldado por 850.000 firmas, un récord para una demanda colectiva. La demanda denuncia la “regresividad ambiental” de la reforma, prohibida por la Constitución y el Acuerdo de Escazú.
La Pampa cumple un rol estratégico en esta acción judicial. Al radicar la causa en Santa Rosa, los demandantes buscan demostrar el carácter interjurisdiccional del daño ambiental: si se intervienen las nacientes cordilleranas, el impacto se siente en el caudal de los ríos pampeanos. Además, la provincia arrastra una histórica disputa con Mendoza por el agua del Atuel, lo que refuerza su legitimidad como actor en el litigio.
Glaciares codiciados por las mineras
Para comprender la tensión actual, es necesario retroceder a 2010. Tras años de movilización de las asambleas cordilleranas y un veto presidencial que intentó frenar la protección original, se sancionó la Ley 26.639. Esa norma estableció que los glaciares y el ambiente periglacial eran bienes comunes del Estado, intocables por la minería y el petróleo.
El Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, se convirtió en el escudo científico que protegía las nacientes de agua. Durante más de una década, la ley fue el principal obstáculo para proyectos extractivos en la alta montaña.
La reforma, en cambio, fue impulsada bajo la narrativa de “utilización racional” y autonomía provincial. Para el sector minero, significó remover barreras para proyectos de cobre y oro a gran escala. Para científicos y ambientalistas, implicó dejar desprotegidos a miles de glaciares de escombro, reguladores hídricos vitales en épocas de sequía.
El frente judicial y el RIGI
El amparo pampeano cuestiona, entre otros puntos, la eliminación de la Evaluación Ambiental Estratégica obligatoria y la introducción del concepto de “relevancia hídrica” en lugar de la prohibición total de la minería en cuerpos de hielo.
La demanda también advierte sobre el riesgo de “hechos consumados” con la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si se habilitan proyectos mineros bajo ese régimen mientras se desarrolla el proceso judicial, el deterioro de las fuentes de agua podría ser irreversible, consolidando privilegios empresariales por 30 años.
La avanzada extractiva en Mendoza
En este contexto, la iniciativa de Cogo busca que Mendoza fije una posición clara en contra del amparo pampeano y vance con una serie de acciones destinadas a tabicar el empuje de la provincia aguas abajo del Atuel y el Colorado. El proyecto solicita al Ejecutivo que detalle:
- Plan de obras hídricas en la cuenca del Río Grande y el Río Colorado.
- Postura ante el COIRCO respecto al uso de su cupo hídrico y posibles reclamos.
- Impacto económico en el Oasis Sur en sectores minero, energético, agropecuario y turístico.
La diputada subrayó que la resolución de este conflicto legal y político impactará de forma directa en la matriz productiva y el futuro económico del sur mendocino.
Vieja disputa por el agua de los ríos
La pulseada entre Mendoza y La Pampa por la reforma de la Ley de Glaciares expone un dilema mayor: el uso de los ríos como bienes comunes, sin fronteras políticas. Mientras la Legislatura mendocina se moviliza para frenar el amparo pampeano, las organizaciones socioambientales insisten en que la reforma representa un retroceso ambiental irreversible.
