Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 58 segundos
El femicidio de Florencia Romano, ocurrido en diciembre de 2020 en Mendoza, se convirtió en un caso paradigmático no solo por la brutalidad del crimen, sino por la discusión que abrió en torno a la responsabilidad del Estado por omisión. La adolescente de 14 años fue asesinada y quemada por su agresor, mientras un vecino intentaba alertar al 911 sobre sus pedidos de auxilio. La llamada nunca fue atendida. Esa falla en el sistema de seguridad derivó en un litigio civil que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que hoy marca un precedente: el Estado puede ser responsable cuando no actúa con la debida diligencia.
El Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema incluyó este caso como ejemplo de responsabilidad estatal. Allí se lee: “La responsabilidad del Estado ha sido debidamente acreditada en autos. Ha existido una omisión antijurídica al no observarse el cumplimiento de una manda legal expresa dispuesta en los Protocolos de actuación del CEO”. La Corte subrayó que la omisión policial no fue un error menor, sino una falta grave que vulneró derechos fundamentales de la víctima y su familia.
El documento agrega: “Se verifica en el caso nexo adecuado de concausalidad con el daño que invocan los accionantes en tanto de haberse dado curso a la llamada telefónica, muy probablemente la muerte de F. se habría evitado”. La frase es contundente: el femicidio pudo haberse evitado si el Estado hubiera cumplido con su obligación básica de proteger.
Para el gobierno de Suarez, la familia de Florencia Romano "es 50% culpable por el femicidio"
La sentencia mendocina
En Mendoza, la conjueza Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, dio la razón a la familia de Florencia. Reconoció la falta en el servicio y la negligencia de la operadora del 911, que cortó la llamada sin enviar ayuda pese a que había una comisaría a cinco cuadras. “La agente policial evidenció una conducta negligente y con impericia al no dar el tratamiento adecuado a la denuncia de la probable comisión de un delito muy grave perpetrado contra una persona a la que el Estado debía proteger (mujer adolescente)”, escribió la jueza.
Sin embargo, la sentencia redujo considerablemente el monto de la indemnización: de los 300 millones de pesos que reclamaba la familia, se ordenó pagar $11.976.520. La magistrada aclaró que el derecho de daños tiene una finalidad preventiva y resarcitoria, no sancionatoria. El fallo, aunque limitado en lo económico, reafirmó la idea de que el Estado mendocino tuvo responsabilidad en el desenlace.
El gobierno de Suárez responsabilizó a la familia
El gobierno de Rodolfo Suárez, entonces gobernador, adoptó una estrategia defensiva que generó polémica. En su presentación judicial, sostuvo que la familia de Florencia tenía “el 50% de la culpa” del femicidio. El argumento replicaba lo dicho por el jefe de la Policía, Roberto Munives, quien responsabilizó a los padres por no haber ejercido “vigilancia activa” sobre su hija.
El escrito oficial fue más allá: “Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente. Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo”. En otras palabras, para el gobierno provincial, la mitad de la responsabilidad era de la familia y la otra mitad del asesino. El Estado, según esa postura, nada tuvo que ver.
El abogado del gobierno, Ricardo Canet, reforzó esa línea: “No hay relación de causalidad entre la omisión imputada a la Provincia en el funcionamiento regular del servicio del Centro Estratégico de Operaciones y el resultado dañoso reclamado”. Incluso llegó a cuestionar el comportamiento de los padres: “Es de destacar que no figura en el expediente qué hicieron los padres para aconsejar a su hija sobre los conocidos peligros de relacionarse con terceros sospechosos por internet”. Con ello, el oficialismo buscó trasladar la responsabilidad a la familia y a la operadora del 911, desligando al Estado de toda culpa.
Un debate que trasciende
El contraste entre la sentencia judicial en Mendoza, la postura de la Corte de la Nación y la postura política es evidente. Mientras la justicia reconoció la responsabilidad estatal por omisión, el gobierno provincial intentó minimizarla y culpabilizar a la familia. Este choque expone una tensión central: ¿hasta dónde llega la obligación del Estado en la prevención de femicidios?
El caso de Florencia Romano muestra que la omisión institucional puede ser tan grave como la acción del agresor. La Corte nacional lo dejó claro: el Estado debe actuar con debida diligencia, porque su inacción puede costar vidas. La sentencia mendocina, aunque limitada en lo económico, reafirmó esa responsabilidad. El gobierno de Suárez, en cambio, eligió un camino que revictimizó a la familia y negó la falla estructural.
