Las Asambleas Populares por el Agua dieron el portazo a la mesa de diálogo por la minería convocada por el oficialismo por considerar que es un ámbito sesgado donde se le mintió a los asambleístas. "A pesar de sus estrategias comunicacionales o mesas de 'diálogo' contratando 'expertos en felicidad' JAMÁS (sic) tendrán LICENCIA SOCIAL (sic) para proyectos mega mineros".
Los ambientalistas -que deliberaron en Alvear sobre la estrategia a seguir tras las desilusiones y encontronazos del primer encuentro- denunciaron que el gobierno de Cornejo ha permitido el "desprestigio calumnioso" por parte del sector prominero, que asoció "falsamente a las asambleas o personas a diferentes poderes ideológicos, económicos o políticos para generar dudas en la población en general, en vez de atenerse a los argumentos".
La instancia en teoría dialoguista a la que convocó el Ejecutivo fue criticada desde el principio por los asambleístas porque el gobierno lo presentó como un camino para la búsqueda de un modelo minero “sustentable”, algo que no existe en la variante metalífera del extrativismo, según los estudiosos de las consecuencias de ese tipo de minería.
"Las asambleas reconocemos en el uso de este tipo de terminología asociada a la minería la aplicación de una estrategia de comunicación arbitraria que desinforma a la comunidad y que forma parte del manual de comunicación de las empresas extractivas para América Latina, elaborado en Brasil, y por lo tanto, mal condicionan nuestra disponibilidad al diálogo", señalaron este lunes los asambleístas.
"Entendemos que es un espacio que no incluye a los actores que en los últimos 20 años hemos participado en los procesos que hacen de Mendoza una provincia libre del modelo extractivita sojero-megaminero-petrolero que impera en diversas regiones del país. No puede haber diálogo, en un espacio que cita en su jornada inaugural, sólo a una parte, dejando al resto como simples espectadores, sin posibilidad de expresar algún concepto desde otra mirada", agregaron.
Las Asambleas por el Agua consideraron que el ámbito donde el gobierno pretendía hacer confluir a todos los sectores no respeta la Ley 7722 y las leyes de creación y/o ampliación de Áreas Naturales Protegidas, y de rechazo administrativo, legislativo, judicial y social de proyectos mineros, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley de Glaciares, etc.; "ni reconoce que éstos han sido producto de variados, diferentes e intensos procesos de participación ciudadana. No hay diálogo cuando se desconoce el marco normativo ambiental existente en el ámbito municipal, provincial y nacional".
Apuntaron además: "No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar, miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su DIA en base a una MGIA que ha sido rechazado en todas las instancias al que ha sido sometido; y el Complejo Uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la Ley y la Justicia le obliga en cuanto a la remediación de sus pasivos ambientales".
Además, los asambleístas consideraron como "falso y ofensivo" asegurar que no ha habido instancias de debate o que cada resolución a la que se arribó fue apresurada, como intentan sugerir de manera reiterada desde el sector minero.
"No se puede dialogar cuando son sistemáticamente pisados, negados o ninguneados los proyectos de desarrollo amigables con el ambiente y alternativos al modelo megaminero, planteados por las comunidades locales; como por ejemplo, el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva 20 años sin ser tratado por la Legislatura de Mendoza; el Área Natural Protegida Cerro Nevado que tiene media sanción legislativa y el Parque Nacional Pehuenche", entre otros.
Denunciaron también intentos explícitos o implícitos "de modificar o flexibilizar bajo ningún mecanismo, las protecciones ambientales obtenidas, deslegitimando el enorme esfuerzo que muchos mendocinos hemos hecho".