En la víspera del tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Cerro Amarillo, que busca extraer cobre en Malargüe, un documento presentado en el Senado advirtió sobre más puntos oscuros en torno a la iniciativa fogoneada por Rodolfo Suarez.
El Gobierno promociona que entre las "bondades" de Cerro Amarillo se apunta estar encuadrado en la Ley 7722. Sin embargo, sectores ambientalistas refutan ese eslogan: aseguran que en la extracción se usarán xantato y poliacrilamida, y por ello llamaron a resistir el avance del proyecto en las afueras de la Legislatura.
En una nota firmada por Marcelo Giraud, geógrafo y miembro de la Asamblea por el Agua, se advierte a los legisladores, entre otras violaciones a las leyes, sobre la omisión del Ejecutivo a habilitar instancias de consulta ni de participación ciudadana "que desde 2002 es un requisito vigente en todo el país por la Ley nacional 25.675 (...) sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".
En el documento se subraya que la falta de participación de terceros potencialmente afectados llega al extremo de no haber convocado siquiera a la Municipalidad de San Rafael ni de Alvear, comunas aguas abajo del proyecto, y tampoco al COIRCO, que también debería intervenir por la afectación del río Grande, principal afluente del Colorado.
Menciona Giraud que el Ejecutivo dio por válido un relevamiento de glaciares que presentó la empresa sin consultar con el IANIGLA, que hizo el Inventario Nacional de Glaciares (ING) con posterioridad a la DIA que pretende hacer aprobar Suarez.
Cerro Amarillo: la DIA que envió Suarez a la Legislatura es la misma que mandó Pérez en 2014
También advierte el documento sobre la posibilidad de afectación de ambientes glaciares y periglaciares, que la empresa minimizó en una declaración jurada que presentó a inicios de noviembre.
Señala el geógrafo:
Este es el documento completo presentado por Marcelo Giraud:
