Entre los juicios se destaca el proceso por el que la justicia reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés, además de registrarse la primera condena a un funcionario civil. Los juicios alcanzaron la acción represiva en distintas provincias.
Más de 400 condenados arrojó el balance del 2012 de los juicios a los represores de la última dictadura militar en el país. Uno de los datos salientes fue que por primera vez un funcionario civil recibió sentencia en contra por los delitos de lesa humanidad, además de que se estableció la existencia de un plan sistemático para el robo de bebés.
Entre las sentencias más destacadas, el 16 de marzo fueron condenados a prisión perpetua los represores Julio Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda, y dispuso una pena de 15 y 11 años a los civiles Felipe y Julio Méndez, respectivamente, en el juicio por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, secuestrado el 26 de abril de 1977.
El 23 de marzo, en Tucumán, el ex policía Miguel Angel Moreno fue condenado a 13 años de prisión al ser encontrado culpable por las torturas que sufrió Emma Aguirre, fallo que fue escuchado por la propia víctima, de 67 años.
Por otra parte, en Rosario y el 26 de marzo, fue condenado a prisión perpetua al ex comandante del II Cuerpo del Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, por los delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos aplicados contra presos políticos.
También el 26 de marzo, pero en Córdoba, fueron condenados a prisión perpetua los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el fusilamiento de los integrantes de la Juventud Universitaria Peronista Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976.
El 31 de mayo, en los Tribunales de San Martín, dos comisarios retirados de la Policía Bonaerense, Roberto Bustos y Jorge Bianchero, fueron condenados a 19 años y 9 años, respectivamente, por el secuestro y desaparición de seis jóvenes de un taller literario, algunos de ellos estudiantes del "Mariano Acosta".
En la Capital Federal, el 8 de junio fueron condenados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, por delitos de privación ilegitima de la libertad con aplicación de tormentos cometidos en el circuito "ABO", integrado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.
En tanto, el 15 de junio en Catamarca fueron condenados el ex Jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 Carlos Alberto Lucena y el ex Jefe General de Policía Juan Daniel Rauzzino a 16 y 10 años de prisión por la desaparición y muerte de Francisco Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos, Julio Burgos, y la estudiante Yolanda Borda.
El 4 de julio, en Misiones, fueron condenados el ex jefe de la Policía provincial coronel (RE) Omar Herrero, a 20 años de prisión; el ex jefe de la Dirección de Informaciones Felipe Nicolás Giménez, a 21; y Carlos Alberto Pombo y Julio Amarilla, integrantes de la policía, a 7 años, todos juzgados por crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la capital misionera entre 1976 y 1978.
En Capital Federal, el 5 de julio, la justicia argentina reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicó severas penas de hasta 40 años a otros represores.
En Mar del Plata, el 1 de octubre, seis represores fueron condenados a prisión perpetua por haber cometido crímenes en el denominado “circuito represivo Mar del Plata-Necochea”.
El 15 de octubre, en Comodoro Rivadavia, fueron condenados a prisión perpetua Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas en el juicio por la Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972, durante la ditadura de Alejandro Lanusse, y considerada por el Tribunal como un "crimen de lesa humanidad".
El 6 de noviembre, en Neuquén, fueron condenados 13 represores a penas que fueron de 23 a 6 años y medio por delitos de lesa humanidad, en el juicio conocido como "Escuelita II".
El 5 de diciembre, en Santiago del Estero, Musa Azar y otros cuatro represores fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común, en el marco de la megacausa por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas antes y durante la última dictadura.
En La Rioja, el 7 de diciembre, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común los represores Luciano Benjamín Menéndez, quien suma una nueva condena; Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, por los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, que trabajaban con el también asesinado ex obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.
El 14 de diciembre, el represor y obstetra del Hospital Naval Jorge Magnacco fue condenado a 10 años de prisión por la sustracción, retención y ocultación de Evelin Karina Bauer Pegoraro, a cuya madre atendió en el parto que tuvo lugar en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.
El 19 de diciembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sentenció a prisión perpetua a 16 represores, entre ellos al civil Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y al ex director de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención, conocidos cono "Circuito Camps".
Smart se convirtió en el primer ministro civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En tanto, el 20 de diciembre fueron condenadas la médica de la policía bonaerense Nora Manacorda y la apropiadora Silvia Molina, a 10 años y cinco años y medio respectivamente, por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, quien nació cuando su madre estaba cautiva en un centro clandestino de detención.
En tanto, el 21 de diciembre el ex agente de inteligencia militar Héctor Vergez fue condenado a 23 años de prisión por el secuestro y desaparición del responsable de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz, el abogado Julio Gallego Soto y el entonces funcionario del Ministerio de Economía Julio Casariego de Bell.
El 27 de diciembre, en tanto, se conocieron tres sentencias en Rosario, Corrientes y Entre Ríos, donde los ex jefes de los regimientos de ejército de Concordia, Naldo Miguel Dasso, y de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino, fueron condenados a prisión perpetua en el juicio por la "megacausa Harguindeguy", en refencia al ex ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, quien estaba imputado pero falleció mientras se desarrollaba el proceso.
Fuente: Télam
