En un detallado informe la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) calificó a Mendoza como "una de las provincias más represivas del país" a raíz de las siete muertes en lugares de detención ocuridas en los últimos siete meses.
Correpi toma los dos últimos casos -el de Julio Robledo Riquelme en el penal de Almafuerte (Luján) y el de Ricardo Calderón en San Felipe, ambas ocurridas el 19 de julio- como parte de una sucesión de muertes intramuros bajo exclusiva responsabilidad del Gobierno de Mendoza. La oeganización ya había alertado a principios de aossobre la desatención, el hacinamiento y los conflictos crecientes en las cárceles de Mendoza.
Este informe sobre la situación de las cárceles y comisarías de Mendoza puede vincularse con el intento del Gobierno de Mendoza de reducir a la nada misma el control de las organizaciones civiles y de Derechos Humanos de lo que ocurre en lugares de detención. El rol de estos órganos de contralor a través del Comité de Prevención de la Tortura pretende ser reducido por Rodolfo Suarez con una idea que planteó Cornejo antes de irse para modificar la ley que lo creó.
Suarez busca eliminar el control de organizaciones sociales y de DD.HH. en cárceles y comisarías
A su vez interviene en el análisis otro dato: Suarez aceleró bajo su mandato la cantidad de personas que metió presas. Según números oficiales actualizados en abril, el gobernador mandó a prisión a 73 personas por mes desde que asumió, imprimiéndole un ritmo mucho mayor a su antecesor a la tasa de prisionalización de Mendoza, que era ya de por sí alta según consta en todos los sistemas estadísticos.
"No se trata de casos aislados. En los siete meses que han transcurrido del 2020, la provincia cuenta con al menos siete muertes acontecidas en lugares de detención (penitenciarías y comisarías), sumado a un caso de gatillo fácil", sostiene el reporte en referencia en este último ejemplo con Sergio Alaniz, un joven fusilado el 11 de enero en una finca de Maipú cuando buscaba los duraznos de descarte de la melesca.
"En la mayoría de estos casos, los medios hegemónicos locales se encargaron de difundir titulares que caracterizaban estas muertes como suicidios, enfatizando cómo se les habría encontrado ahorcados a cada uno en su celda o aludiendo a enfrentamientos entre presos, trifulcas o 'situaciones confusas'", cuestionó Correpi sobnre la cobertura mediática de los casos, que generalmente acompaña a las versiones policíacas.
No es inocente este relato, postula la organización: "De esta forma se desliga al gobierno provincial y a las instituciones carcelarias de toda responsabilidad sobre personas que bajo su cuidado han perdido la vida. El estado debe garantizar investigaciones judiciales imparciales ante cada muerte bajo custodia para evitar cualquier signo de impunidad".
Los siete casos relevados en Mendoza
La organización antirrepresiva insistió en la necesidad de pensar a las víctimas de la represión carcelaria como personas a las cuales se les ha privado del derecho a la libertad, pero no de sus otros derechos.
"Siete personas en siete meses no son solo números fríos y en abstracto, son siete seres humanos que, privados de su libertad por el estado, fueron víctimas mortales del accionar de sus fuerzas represivas. A esto se le suman los constantes reclamos de lxs presxs en todas las unidades penales de la provincia por falta de insumos de higiene, alimentos y demora en el acceso a salidas transitorias o libertad condicional en el marco de la pandemia. Muchos de los cuales han derivado en huelgas de hambre que actualmente continúan sin intervención real poniendo en riesgo la integridad física de lxs detenidxs", remarcó.
El caso más reciente en ese sentido fueron las huelgas de hambre reprimidas en el penal de mujeres en El Borbollón y poco después en San Felipe y en Almafuerte.
Detalló la Correpi los casos en lo que va del 2020:
• El 30 de enero en el Complejo Penitenciario Almafuerte fue hallado “ahorcado” Luis Alberto Sosa (60).
• En San Felipe, se registró un caso más de “suicidio” el 3 de marzo, cuando Matías Marcelo Pérez Cano (24) perdió la vida habiendo ingresado el día anterior al penal.
• Asimismo, en el Complejo Penitenciario IV San Rafael en el sur provincial, el 4 de junio murió Alexis Emiliano Vega Pávez (25) producto de una herida por apuñalamiento.
• El 1 de febrero Rodrigo Alejandro Arcos Aguilar (30) fue hallado muerto en la comisaría 35ª de Guaymallén.
• El 22 del mismo mes, Omar Salinas perdió su vida estando detenido en la comisaría 11ª de Luján de Cuyo. Ambos, por ahorcamiento.
A estos cinco casos se le suman las dos muertes referidas ocurridas el 19 de julio.
"Siete muertes en siete meses en cárceles y penitenciarias de Mendoza… ¿una coincidencia? ¿Una sucesión de accidentes y descuidos? Indudablemente es responsabilidad de las dependencias carcelarias garantizar la seguridad y salvaguardia de las personas privadas de la libertad, las cuales dependen directamente del Poder Ejecutivo.
"El gobernador Rodolfo Suárez, encargado político y del aparato represivo estatal de la provincia de Mendoza, el ministro de seguridad y co-autor del Código Contravencional, Raúl Levrino y el director general del servicio penitenciario, Eduardo Enrique Orellana son los responsables últimos de garantizar la integridad de todx detenidx, por encontrarse bajo el poder de hecho o de derecho del estado. Por esto, desde CORREPI denunciamos que todo suceso que ocurra intramuros como causal de muerte (suicidio, enfrentamientos, enfermedad no debidamente asistida, entre otros) se configura como absoluta y total responsabilidad estatal".
Con todo esto, postuló Correpi, "Mendoza se está configurando como una de las provincias más represivas del país. Las muertes en lugares de detención y encierro se consolidan como una realidad persistente que no puede ser naturalizada".
No sólo en la provincia de la represión y el buen vino
Lo que ocurre intramuros en Mendoza tampoco es un "hecho aislado" en el mapa nacional.
"Este triste panorama no sólo se presenta en la provincia del sol, la represión y el vino, sino que también ha sido una constante a lo largo y ancho de todo el país. Sin ir más lejos, en la última semana tuvimos que lamentar la muerte de dos detenidos en el penal de Gorriti en Jujuy, donde se encontraban realizando reclamos por la falta de testeos luego de confirmarse el caso de Covid-19 de un integrante del servicio penitenciario", detalla el informe.
En el mismo sentido, sumó Correpi, "también denunciamos las torturas y represión en comisarías bonaerenses donde también se registró un caso positivo. A esto se suman los 37 casos de muertes bajo custodia (en penitenciarías y comisarías) a nivel nacional durante el período de cuarentena, sin dejar de nombrar el caso de la mendocina Florencia Magalí Morales quien fue encontrada muerta en la celda donde se hallaba detenida el 5 de abril en Santa Rosa del Conlara, San Luis. Frente a esto, no dejamos de denunciar que es el gobierno nacional quien tiene la facultad, responsabilidad y obligación de garantizar la salud, integridad física y vida de toda persona detenida".
El informe de Correpi cierra con un listado de exigencias hacia el estado:
- Excarcelación, arresto domiciliario o libertad anticipada de adultxs mayores, portadores de HIV, personas con enfermedades predisponentes, mujeres embarazadas o que conviven con niñxs, excluidos represores y genocidas que gozan de regímenes de privilegio con sus necesidades cubiertas.
- Testeo de la totalidad de las personas detenidas en cárceles provinciales y federales, con prioridad para las unidades en las que ya se han confirmado casos positivos.
- Provisión de alimentos de calidad, elementos de higiene y limpieza suficientes en la totalidad de los lugares de detención.
- Juicio y castigo a los responsables de las 37 muertes de detenidxs en unidades carcelarias y comisarías.
