La reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional sumó un capítulo inesperado con la denuncia penal presentada ante la Justicia Federal contra los senadores que votaron a favor de la media sanción. El foco se centra en el polémico artículo 44, que habilitaba a los empleadores a recortar salarios en caso de enfermedad. Entre quienes lo respaldaron figuran los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, alineados con Alfredo Cornejo.
El artículo proponía que, en casos de enfermedad o accidente no laboral, el trabajador percibiera solo el 50% de su salario si la incapacidad surgía de una actividad voluntaria riesgosa, y el 75% en otros casos. La modificación alteraba el régimen de licencias por enfermedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, tocando un nervio sensible: la protección frente a la vulnerabilidad de los trabajadores.
Con dos votos a favor y uno en contra de los mendocinos, el Senado aprobó la Reforma Laboral
La marcha atrás y las tensiones políticas
El oficialismo debió reconocer más tarde que se trataba de un error y decidió eliminar el artículo en Diputados, antes de la votación. Esa rectificación dejó expuesto el accionar de los aliados que acompañaron la iniciativa sin reparos, reabriendo la discusión en el Senado y evidenciando las tensiones internas de una reforma que busca avanzar sobre derechos laborales adquiridos.
En Mendoza, la votación reveló la entrega de la UCR provincial al plan del oficialismo libertario y sus variables de ajuste, aún con sus penosas consecuencias sociales.
Mientras Juri y Suárez respaldaron la reforma en el Senado, los diputados mendocinos hicieron lo propio con la baja de punibilidad de menores. La admisión del “error” dejó a los legisladores en una posición incómoda: defendieron un artículo que luego fue descartado por insostenible.
La denuncia penal
La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia que solicita investigar la inclusión del artículo 44 en el tramo final del debate. Según su planteo, la modificación fue incorporada sin el debido debate y sin que varios legisladores tuvieran conocimiento pleno de su contenido. La presentación apunta a posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en documento público.
Carreras pide que se cite a los denunciados a declaración indagatoria, que se requiera el expediente legislativo completo y que se realice un peritaje para determinar el momento y el autor de la inclusión del artículo. Aunque los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, la denuncia recuerda que ello no impide la investigación ni el eventual desafuero.
Críticas desde adentro
El debate no solo se encendió por la denuncia judicial. Julián De Diego, abogado de empresas y uno de los redactores del proyecto, cuestionó duramente a los legisladores por su falta de preparación. “Nunca leyeron la ley”, disparó en declaraciones televisivas, y agregó: “La mayoría no lo leyó, entonces mal pueden hablar de algo que desconocen”.
De Diego reconoció que hubo modificaciones sobre la marcha, entre ellas el artículo que prevé una reducción salarial del 25% en casos de accidentes “inculpables”. Advirtió que su aplicación podría judicializar numerosos casos, ya que los trabajadores afectados tendrían dificultades incluso para costear su medicación.
Horas extras y vacaciones
El especialista también intentó desactivar polémicas sobre otros puntos de la reforma. Respecto a las horas extras, explicó que el banco de horas existe desde 1991 y que el nuevo sistema permite compensar jornadas intensivas con períodos de descanso. “Por ejemplo, un empleado puede trabajar 14 días durante doce horas, y luego descansa diez días”, detalló.
En cuanto a las vacaciones, recordó que desde hace tres décadas se pueden fraccionar de común acuerdo, sin que ello implique una imposición compulsiva. “La mayoría tiene tres semanas al año, y se pueden dividir, esto pasa desde hace 30 años”, subrayó.
Un proyecto en el ojo de la tormenta
La reforma laboral, presentada como modernización, enfrenta ahora un doble frente: la denuncia penal que cuestiona la transparencia del proceso legislativo y las críticas de uno de sus propios redactores, que advierte sobre la improvisación parlamentaria. Entre errores admitidos, tensiones políticas y voces críticas, el proyecto se encuentra en el ojo de la tormenta, con un futuro incierto en el Senado.
La discusión deja al descubierto un dilema mayor: ¿hasta qué punto las reformas laborales pueden avanzar sobre derechos adquiridos sin generar resistencia social y judicial? Mientras la oposición celebra la eliminación del artículo 44 como un triunfo de la presión pública, los aliados del oficialismo quedan expuestos a la crítica por haber defendido un texto que ni siquiera sus impulsores sostuvieron.