Pese a que el 42% de presos en Mendoza está tras las rejas sin condena firme -en un uso de la prisión preventiva que ha derivado en el repudio de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos- Alfredo Cornejo insistió este lunes con la avanzada punitivista que pretende imprimirle a su gobierno, y se jactó de que para ello cuenta con el aval de todos los partidos, menos el Frente de Izquierda.
“Quienes cometen delitos graves o muy graves deben permanecer privados de su libertad, hasta su elevación a juicio. Hemos cambiado las leyes que son de jurisdicción y competencia provincial, y lo estamos haciendo con el más alto nivel de consensos y de política de estado”, remarcó Cornejo en su discurso en el almuerzo de la Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael, en franca contradicción, por ejemplo, con la liberación del carnicero homicida de Zárate que pidió Macri.
“Salvo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el resto de los partidos políticos votaron de forma unánime a favor de estas leyes duras y punitivas del Estado en las que seguiremos trabajando. Si la Justicia acompaña esta nueva política de persecución criminal el delito irá bajando paulatinamente”, agregó el mandatario.
Tienen sustento estas palabras del Cornejo: en mayo, el proyecto de ley para reformar artículos del Código Procesal Penal que reglamentan la prisión preventiva en Mendoza sólo tuvo en el Senado la oposición de los legisladores del FIT, mientras que el PJ dio su aval. Lo propio ocurrió un mes después, cuando lo trató diputados.
La normativa fue promocionada como una forma de terminar con una supuesta “puerta giratoria” de presos que es desmentida por todas las estadísticas oficiales. Por caso, datos del Ministerio Público: Actualmente, de los más de 4.000 detenidos en Mendoza, el 52% tiene sentencia condenatoria firme mientras que el 48% restante son personas detenidas por orden del Ministerio Público o bajo el régimen de prisión preventiva ordenada por un Juez de Garantías. Xumek, por su parte, señaló que el 95% de los detenidos en Mendoza está encerrado más tiempo del legal.
El abuso de la prisión preventiva fue objeto de cuestionamientos por parte de miembros de la Corte, del CELS, de laProcuraduría de Personas Privadas de Libertad y la Corte Suprema de la Nación.
Cornejo arengó, además, por su candidato a la Corte, José Valerio, resistido desde múltiples organismos que consideran una homofobia manifiesta en sus fallos como miembro de la Segunda Cámara. “Es importante que la Corte cambie el criterio permisivo con el que viene trabajando. Queremos que la Corte tenga un criterio más duro”, subrayó el mandatario.
