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Abogados y organizaciones de Derechos Humanos solicitaron la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “extrema gravedad institucional” en Mendoza debido a lo que describen como un plan sistemático de criminalización de la defensa del agua y del ambiente. El pedido se fundamenta en un informe que documenta más de cuarenta detenciones arbitrarias, torturas, censura, hostigamiento y hasta violencia sexual contra miembros de asambleas socioambientales, periodistas y estudiantes entre enero de 2025 y abril de 2026.
Se trata de un informe conjunto de CeProDH y Xumek, organizaciones con presencia en Mendoza que cumplen roles distintos pero complementarios: CeProDH se centra en la defensa jurídica de trabajadores y luchadores sociales perseguidos, mientras que Xumek trabaja de manera interdisciplinaria en la promoción, litigio estratégico y protección integral de derechos humanos, incluyendo ambiente, género y diversidad.
El detonante de esta ola represiva, aseguran fue la reactivación del Proyecto de oro y cobre San Jorge / PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. Se trata de un emprendimiento megaminero a cielo abierto, históricamente resistido por comunidades y organizaciones en una provincia marcada por la escasez hídrica y una fuerte tradición de defensa del agua. El documento señala que la reactivación se produjo en un contexto nacional de promoción de grandes inversiones extractivas, bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con la reforma regresiva de la Ley de Glaciares, que debilitó la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Primeros blancos de la persecución
Uno de los casos iniciales fue el de Mauricio Cornejo y Federico Soria, integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Ambos fueron imputados bajo el artículo 213 bis del Código Penal, figura vinculada a la “coerción ideológica”.
El informe describe este episodio como “el primer laboratorio represivo de la nueva etapa de persecución por el Proyecto San Jorge”. Cornejo estuvo detenido más de un mes, mientras que Soria sufrió además persecución laboral con su cesantía en la Administración de Parques Nacionales.
«Soy un preso político de Cornejo», declaró Federico Soria: el fiscal pidió detener su indagatoria
Escalada represiva y acusaciones falsas
El 1 de agosto de 2025, la empresa EDEMSA atribuyó cortes de energía a supuestos actos vandálicos de sectores “antimineros”. La acusación fue replicada por autoridades y medios, instalando la idea de sabotaje y terrorismo ambiental. Sin embargo, luego se comprobó que los cortes se debieron a desperfectos técnicos. El informe advierte que este tipo de acusaciones falsas se utilizaron para “construir a la protesta ambiental como amenaza violenta y justificar su persecución”.
Represión masiva y censura científica
El 11 de diciembre de 2025, día en que la Legislatura de Mendoza aprobó la Ley 9684 que habilitó el proyecto minero, se produjo una represión masiva en la Ciudad de Mendoza. Trece personas fueron detenidas en el Km0, incluidos periodistas que cubrían la protesta. Cuatro mujeres fueron aprehendidas en Godoy Cruz por realizar pintadas con la consigna “Defendé el agua” en una casa abandonada. En total, diecisiete personas fueron privadas de libertad, con denuncias de golpes, apremios ilegales y violencia contra personas trans.
Ese mismo mes se denunció la censura de un informe del CONICET Mendoza que cuestionaba el impacto ambiental del proyecto. El documento advertía riesgos sobre aguas subterráneas y la cuenca del río Mendoza, pero el enlace fue desactivado por orden de las autoridades.
Centros ilegales de detención y violencia sexual
El 4 de febrero de 2026, tras una marcha en defensa de la Ley de Glaciares, nueve personas fueron trasladadas a la exsubsecretaría de Turismo, utilizada como centro ilegal de detención.
Allí denunciaron golpes, ahorcamientos y torturas. El acceso de abogados fue impedido durante horas, configurando una incomunicación de facto. Las imágenes de esa noche no dejan lugar a la imaginación respecto de la violencia que sufrieron los manifesantes.
Días después, el 7 de febrero, una defensora ambiental fue víctima de abuso sexual por parte de un efectivo policial durante la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. El informe subraya que estos hechos muestran “la dimensión específica de violencia sexual y de género dentro del dispositivo represivo”.
Por otra parte,en un ruidazo por la Ley de Glaciares realizado en abril, la policía que comanda Alfredo Cornejo detuvo a ocho manifestantes, entre ellos una docente jubilada que fue llevada con otras dos mujeres a la Comisaría Séptima.
Responsabilidades políticas e institucionales
El documento atribuye responsabilidades directas a los cuatro poderes del Estado provincial:
- Ejecutivo: el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado promovieron discursos de estigmatización, asociando a defensores ambientales con terrorismo y sabotaje. Bajo el Ministerio de Seguridad, la Policía de Mendoza desplegó operativos con detenciones arbitrarias, infiltración de personal de civil y utilización de dependencias estatales como centros ilegales de detención.
- Ministerio Público Fiscal: sostuvo causas penales y privaciones de libertad contra manifestantes.
- Poder Judicial: rechazó sistemáticamente hábeas corpus preventivos, configurando lo que el informe denomina “impunidad preventiva”.
- Poder Legislativo: aprobó leyes que ampliaron facultades policiales y mecanismos de flagrancia, como la Ley 9700 y la Ley 9703, en un contexto de creciente persecución de la protesta.
Violaciones a tratados internacionales
El informe sostiene que los hechos comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención de Belém do Pará y el Protocolo de San Salvador. Además, denuncia incumplimientos graves del Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar acceso a la información ambiental, participación pública y protección de defensores ambientales. “En Mendoza, la respuesta estatal fue exactamente la contraria: vigilancia, hostigamiento, represión, judicialización, censura y criminalización”, afirma el documento.
La conclusión es contundente: “Los hechos ocurridos en Mendoza entre enero de 2025 y abril de 2026 configuran un patrón sistemático de represión y criminalización de personas defensoras del agua y del ambiente”. Por ello, se solicita a la CIDH que active mecanismos institucionales para monitorear la situación, requerir información al Estado argentino y promover medidas urgentes orientadas al cese de la represión y la criminalización.
El informe revela un escenario donde la defensa del agua y del ambiente se enfrenta a un aparato estatal que responde con represión, estigmatización y violencia.
La presentación ante la CIDH busca abrir una instancia internacional que garantice que en Mendoza la protesta socioambiental pueda ejercerse libremente, sin persecución ni represalias. El desenlace dependerá ahora de la capacidad del sistema interamericano de derechos humanos de dar respuesta a un conflicto que expone, en toda su crudeza, la tensión entre extractivismo y derechos fundamentales.
