Cierre del monasterio

Víctimas de abusos de curas advirtieron sobre la política de “mentira y ocultamiento” del Arzobispado

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Monasterio de Cristo Orante, en Tupungato.

El Arzobispado de Mendoza cerró “preventivamente” el Monasterio del Cristo Orante, en Tupugato, tras las denuncias de abuso por parte de los sacerdotes Diego Roque y Oscar Portillo, quienes fueron imputados por la Justicia. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina consideró que esta medida forma parte de “el método empleado por el Arzobispado de Mendoza para tratar el caso, responde a una línea institucional donde la mentira y el ocultamiento son pilares fundamentales”.

En su comunicado sobre el “cierre preventivo”, el Arzobispado insistió en no “prejuzgar sobre la culpabilidad de estos sacerdotes, la cual está siendo evaluada por la justicia penal, canónica y del estado” y en cambio evaluó “necesario, en lo inmediato, considerar el modo de continuar esta experiencia de vida religiosa en este contexto”.

“Hemos escuchado el sufrimiento de quienes se han acercado a declarar estos hechos dolorosos que originaron la causa en la sede penal canónica y en la justicia penal estatal. También hemos tenido en cuenta los distintos elementos aportados a estas causas, algunos de los cuales no fueron efectuados en la declaración en la causa canónica, pero referidos públicamente por las máximas autoridades de la procuración penal. Todo ello nos exige velar por el bienestar de los jóvenes religiosos que han permanecido en el Monasterio”, siguió la institución eclesiástica.

“Compartiendo el dolor que nos generan esos acontecimientos, les ruego que nos acompañen con su oración. Sé de muchos que aman el Monasterio del Cristo orante y allí han vivido momentos de honda intensidad espiritual. Les pedimos sepan comprender lo inédito de la situación planteada y la imprescindible actuación prudencial que se espera de la Iglesia en casos como éstos”, señaló el Arzobispado.

“Recemos sobre todo por quienes están sufriendo a causa de hechos tan dolorosos, para que puedan transitar el camino de la verdad, y para que nosotros podamos hacerlo junto a ellos. En ese contexto, como ya manifestáramos en nuestro comunicado del pasado 27 de diciembre, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y nos ponemos a su entera disposición”, señalan al final del comunicado.

“El procedimiento canónico viola las garantías de las víctimas”

La red de sobrevivientes de abusos consideró que “el procedimiento canónico – en cualquiera de sus etapas – es violatorio de elementales garantías para las víctimas, en especial, las del debido proceso y defensa en juicio”

Recordaron dos casos precedentes en tribunales de Mendoza para ilustrar ese concepto: “Los casos Iván González contra Arzobispado de Mendoza y C.E.T. contra Orden Salesiana de Don Bosco, la justicia ha declarado que el Derecho Canónico no prevalece sobre la Constitución Nacional y derechos humanos de los denunciantes, declarando en el segundo caso la inconstitucionalidad – por carecer de razonabilidad y violatorio del debido proceso legal – de los cánones 1717 y 1719. El primero de ellos, precisamente, es el que está aplicando el obispo  Colombo al caso Cristo Orante”.

El derecho canónico 1717 citado por esta red dice así:

Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua.

 

Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena fama de alguien.

 

Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones que el auditor en un proceso; y, si se realiza después un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función del juez.

 

Según  los sobrevivientes de abusos, “ponerse a disposición de la justicia”, “rezar”, manifestar “dolor”, son solo algunos de los actos  de fingimiento institucional que complementan el accionar antijurídico y contrario al estado de  derecho, marca registrada de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos”.

En párrafos especialmente críticos contra el papa Francisco, a quien acusan de “conducta siniestra”, sostienen que la Iglesia Católica mantiene una política de “falso arrepentimiento” hacia las víctimas de abuso sexual.

“El caso del monasterio de Tupungato, será otra demostración de abuso de poder, denegación
de justicia y violación de derechos humanos, salvo que la Iglesia Católica decida – de una buena
vez – abandonar su accionar delictivo y ajustarse a las leyes de la república las mismas que, de
modo contumaz, se jacta de eludir”, cerraron.

 

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