El operador de los jueces por decreto del macrismo dice que sintió “pánico” de que Cristina apelara a esa medida

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macri lorenzetti

El abogado Fabián Pepín Rodríguez Simón, diputado en el Parlasur por Cambiemos, defendió el decreto del presidente Mauricio Macri para nombrar jueces en comisión en la Corte Suprema y reveló que él le había acercado esa idea hace dos años cuando temió que Cristina Fernández apelara a ese recurso para lograr la reelección indefinida.

Rodríguez Simón rechazó ser el “monje negro” del macrismo, afirmó que es sólo “un abogado y nada más”. Confirmó que motorizó el pedido elevado a la Justicia Electoral para que Macri asumiera la Presidencia desde las 0 del 10 de diciembre y admitió haber sido el mentor de la herramienta para nombrar jueces de la Corte en comisión.

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“No fui yo el ideólogo. El ideólogo fue (el jurista americano Thomas) Jefferson y después lo tomó (el autor de la Constitución, Juan Bautista) Alberdi”, se atajó en una nota a radio América.

Y añadió: “Además la reforma del ’94 lo ratificó. No es que se lo olvidaron los constituyentes. Le cambiaron el número de artículo. Yo no creo en el espíritu de la norma, creo en la letra. Si hubieran querido cambiarla, lo hubieran hecho”.

Cuando le preguntaron cómo había surgido la idea de apelar a ese camino, Rodríguez Simón confesó: “Le acerqué un paper hace dos años, cuando tenía mucho temor de Cristina Elizabet Fernández, que proponía cambiar la Corte y tenía el número suficiente en la Cámara de Diputados” para lograr la medida.

“Tenía pánico que ampliaran la Corte a nueve y en el receso nombrara a jueces en comisión, porque (de ser así) entonces teníamos a Cristina Fernández hasta el 2050. Pasado el temor, apareció una oportunidad y yo avisé que esto se podía hacer desde lo legal”, afirmó.

El ahora parlamentario del Mercosur que responde al apodo de Pepín señaló que eso quedó bajo análisis de Macri, quien “sabía que existía”. Admitió que se podría “haber sido más prolijo, pero no es antijurídico; el tiempo decidirá si fue oportuno o no”.

Incluso, afirmó que ahora “no necesitan que el Senado les apruebe los pliegos” porque “siendo designados en comisión, su mandato se extingue al final de la próxima legislativa, el 30 de noviembre de 2016”.

Sobre la polémica que desató esa medida, aclaró: “Yo no tomo decisiones políticas, yo dije que se podía hacer desde el punto de vista legal. Quizás hubiera merecido ser más prolijo, la forma de haber llegado, quizás fue un apresuramiento, pero las políticas no son judiciables”.

“Hay constitucionalistas que salieron a criticar. Fueron los despechados autocandidatos a la Corte, pero no da para discutir desde el punto de vista técnico jurídico” de la herramienta utilizada, opinó.

Rodríguez Simón aseveró también que “nuestros aliados sabían que era posibilidad” la designación de jueces en comisión y “estaban de acuerdo que técnicamente era correcto”, más allá de que “la decisión política las toma el presidente porque es una facultad de él”.

“Tener vacantes de la Corte genera un peligro institucional y el que está forzando la Constitución es el Senado al no cubrirla. No trataron el pliego de (Roberto) Carlés que mandó Cristina. Esta es una herramienta constitucional para que el Senado cumpla su función y no extorsione en demasía al Ejecutivo o a la sociedad al no cubrir las vacantes”, sentenció.

Por último, dijo desconocer si habrá más medidas como esta y aclaró que no está bajo su estudio la forma en que se buscará el alejamiento de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.

Sin embargo, recordó que un fallo reciente de la Cámara Electoral rechazaba “los fueros que el kirchnerismo había otorgado a los parlamentarios del Mercosur” y afirmó que “no sería constitucional la exigencia del juicio político” para removerla, “algo que en realidad no es un juicio sino una decisión” política con el aval de “cierta cantidad de personas de un poder (el Senado) digan si sigue o no sigue” en su puesto.

Fuente: La Nación

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