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En la audiencia pública convocada para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para los días 25 y 26 de marzo, sólo podrán participar de manera presencial o virtual los primeros inscriptos de cada jurisdicción. En el caso de Mendoza, esto significa que quienes lograron anotarse primero tendrán acceso a las exposiciones durante los dos primeros días. La decisión se da en un contexto de récord histórico de inscripciones: más de 50 mil personas de todo el país se registraron para intervenir en el debate.
La convocatoria sorprendió incluso a los organizadores. Nunca antes una audiencia pública había generado semejante nivel de participación. Ni siquiera las jornadas de 2018 sobre la legalización del aborto, que reunieron alrededor de mil expositores en varios meses, alcanzaron semejante magnitud. El tema de los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce, movilizó a ciudadanos, organizaciones sociales y referentes ambientales de todo el país.
Este interés masivo refleja la sensibilidad social frente a la protección de los ecosistemas cordilleranos y la preocupación por el avance de proyectos mineros en zonas de alta fragilidad ambiental. Sin embargo, el entusiasmo popular chocó con una resolución que rápidamente se convirtió en el centro de la polémica.
Audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares: cómo participar
La decisión de las comisiones y las críticas opositoras
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, resolvieron que gran parte de los inscriptos no podrá exponer oralmente. En su lugar, deberán enviar ponencias escritas o videos pregrabados de hasta cinco minutos, que serán publicados en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados.
El argumento oficial es que la cantidad de inscriptos hace materialmente imposible que todos participen de manera presencial o virtual en un plazo razonable. Según las autoridades, el criterio busca garantizar un enfoque federal y ordenado, permitiendo que las 24 provincias tengan representación en la audiencia.
La oposición, sin embargo, denunció que la medida vulnera el reglamento de audiencias públicas y el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales. La diputada Sabrina Selva sostuvo que “el enorme interés ciudadano requiere que se garantice la participación plena”, mientras que Maximiliano Ferraro acusó a los presidentes de comisión de “hacer trampa” y transformar la audiencia en una instancia meramente informativa.
Reclamos en Diputados y tensiones políticas
La tensión escaló en el Congreso. Diputados opositores exigieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se amplíen los días de audiencia para dar lugar a todos los inscriptos. El oficialismo, en cambio, evitó comprometerse y se limitó a señalar que intentará “no ser restrictivo”.
El malestar aumentó cuando se supo que el listado de inscriptos no estaba disponible públicamente. Tras las críticas, Menem terminó publicando el padrón en la web oficial, en un intento de transparentar el proceso.
El frente judicial: un amparo colectivo
El conflicto no quedó en el plano parlamentario. Organizaciones sociales y ambientales presentaron un recurso de amparo colectivo contra el Estado Nacional. La demanda, impulsada por el abogado Jonatan Baldiviezo y la ingeniera Eva Koutsovitis, sostiene que la resolución de Peluc y Mayoraz es inconstitucional e ilegal.
El escrito advierte que “obligar a la mayoría a intervenir mediante un video en YouTube aniquila la naturaleza deliberativa de la audiencia pública” y denuncia la “brecha digital” que excluye a comunidades indígenas y campesinas sin acceso a conectividad. La acción judicial invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y el Acuerdo de Escazú, reforzando la idea de que la participación plena es un derecho y no una concesión.
La reforma en debate y el trasfondo minero
Mientras tanto, la reforma de la Ley de Glaciares avanza con media sanción del Senado. El proyecto, promovido por el Ejecutivo a pedido de gobernadores cordilleranos, redefine qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorga a las provincias la facultad de decidir qué áreas integrar al Inventario Nacional.
Para la oposición y las organizaciones ambientales, esta modificación abre la puerta a la explotación minera en zonas hoy protegidas. Mendoza fue pionera en este camino: en diciembre pasado aprobó el paquete legal que habilitó el Proyecto San Jorge, un antecedente que, según críticos, sienta las bases para que las mineras operen en ambientes periglaciares.
Un momento decisivo
La audiencia pública se presenta como un punto de inflexión. De un lado, un oficialismo que busca acelerar la reforma aún con las denuncias sobre la limitación de la participación. Del otro, una ciudadanía movilizada y un frente judicial que exige respeto por las reglas. Como telón de fondo, los intereses de las transnacionales mineras, que esperan un marco legal más flexible antes de invertir en el subsuelo argentino.
La disputa por la Ley de Glaciares se convirtió así en un espejo de las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental, entre la urgencia de las provincias cordilleranas y el reclamo de miles de ciudadanos que exigen que su voz sea escuchada.
