Mendoza conmemora los 48 años del Golpe Cívico, Militar, Clerical con un juicio por crímenes de lesa humanidad en curso y la chance trunca de someter al banquillo de los acusados el prófugo quizás más célebre de la provincia: el excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi, refugiado por el Vaticano en Parma, Italia, desde 2011.
El rol de la iglesia católica como colaboracionista de los represores -con la contraparte de tener entre sus oponentes a referentes de extracción como Macuca Llorens el padre Mujica y tantos otros que fueron perseguidos por su militancia en favor de los pobres- tiene en Reverberi Boschi a un claro exponente.
Por la participación clave de la Iglesia en el plan represivo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) pidió en uno de los últimos juicios que la Justicia ordene a esta y otras instituciones que implemente acciones de búsqueda para hallar los cuerpos de desaparecidos durante la dictadura, así como los nietos y nietas que aún falta encontrar.
Prófugo y refugiado por el Vaticano
Reverberi se fugó cuando los testigos del primero de esos juicios, que comenzó en 2010 en San Rafael, comenzaron a ubicarlo como cómplice de sesiones de tortura, ataviado con su sotana y un arma en la cintura. Buscaba convencer a los presos políticos de que dieran datos o delataran a sus compañeros.
Informe Explícito: Franco Reverberi Boschi, con la sotana en los calabozos de tortura
Desde entonces está en Italia y hasta da misa. La APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -en anteriores gestiones- pelearon fuerte en causas judiciales en Italia para que sea extraditado.
Aunque el Tribunal de Apelaciones de Bolonia había rechazado el recurso contra la extradición presentado por el sacerdote, finalmente en enero de este año, el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, negó la extradición argumentando cuestiones de salud.
Decimotercer juicio, Megacauda D2
El décimo tercer juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza comenzó en agosto de 2023 y se centra en investigar el rol del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y sus integrantes en el plan represivo estatal desplegado esta provincia.
De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, esta unificación en una causa evita la dispersión de los hechos y las pruebas y permite comprender cabalmente el funcionamiento del D2 como aparato organizado de poder.
La megacausa D2 contempla una serie de delitos —homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y robos— cometidos contra 334 víctimas: 71 de ellas fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Más de una docena de los casos corresponde a niños y niñas.
“En el D2 había niños que fueron secuestrados para torturar a sus padres y madres”
Los crímenes se ubican en un amplio rango temporal que se extiende desde abril de 1974 hasta el mismo mes pero de 1981. Muchos fueron reconstruidos con anterioridad al investigar el rol de otras fuerzas del aparato represivo local.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi. Interviene la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a cargo del fiscal general Dante Vega, y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.
