El gobernador mendocino instruyó a los abogados de la Provincia a defender la invalidez de la cesión comprometida por Jaque por no contar con aval legislativo.
El Gobierno de Mendoza desconocerá la vigencia del acuerdo interprovincial con La Pampa para la utilización del agua del Río Atuel, entre las principales líneas de su defensa ante la Corte Suprema de la Nación, donde nuestra provincia fue demandada por su vecina por incumplimiento en el escurrimiento de un cupo de agua a campos pampeanos.
No es la primera vez que La Pampa va al máximo tribunal de Justicia del país para pedir una reparación de la situación del cauce que nace en el Sur Mendocino. La última denuncia fue planteada por un abogado pampeano luego de considerar que el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, no estaba dispuesto a poner en vigencia un convenio para el uso mixto del agua que el mandatario pampeano Oscar Mario Jorge firmó con Celso Jaque, en 2008.
Por ese convenio Mendoza debía dejar escurrir unos cinco metros cúbicos de agua por segundo a La Pampa, pero la letra del mismo tendría vigencia sólo después de ser ratificado por ambas Legislaturas provinciales.
En La Pampa, en 2008, los legisladores le dieron la venia al convenio, mientras en Mendoza el texto fue cajoneado por Irrigación en la administración de Eduardo Frigerio, quien entendió que estaba perdida la batalla legislativa y el convenio no tenía chances de pasar las votaciones de diputados y senadores mendocinos.
La situación en la Legislatura de Mendoza se definió por la presión de los regantes y vecinos en general del Sur provincial sobre los legisladores oriundos de la zona, quienes sin diferencias partidarias se alinearon en la negativa al convenio. Los sureños se resisten a la cláusula de sesión de agua a La Pampa porque señalan que en la actuales condiciones ese acto dejaría a una cantidad de hectáreas cultivadas en Mendoza sin agua de riego.
Después de que los medios dieran cuenta de la nueva demanda pampeana ante la Corte y antes de que el máximo tribunal notifique formalmente a la provincia de la acción, Pérez encabezó este lunes una reunión para coordinar el equipo de trabajo que defenderá los intereses de la Provincia en el conflicto por el Río Atuel, informó la Dirección de Prensa del Gobiernno.
En el encuentro participaron funcionarios del Departamento General de Irrigación (DGI), los Ministerios de Infraestructura y Secretaría Legal y Técnica, junto con miembros de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, y sirvió para definir los pasos a seguir respecto a la demanda que un particular pampeano presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Mendoza por el caudal de ese río.
El organismo judicial nacional pedirá información sobre el convenio que suscribieron en 2008 ambas provincias. En este caso, la posición del Gobierno será que el convenio mencionado no ha sido ratificado por la Legislatura, y que por ende no tiene ningún tipo de vigencia.
El Ejecutivo incluirá entre sus respuestas el amplio plan de obras que realizó Irrigación para la optimización del uso del agua y la crisis hídrica que afecta a Mendoza desde hace cinco años, informó la prensa oficial de Mendoza.
La demanda
El abogado pampeano Miguel Palazzani interpuso una demanda en el máximo tribunal contra la Provincia de Mendoza por el caudal del Río Atuel. Si bien el letrado presentó un amparo ambiental con medida cautelar, la Corte Suprema rechazó ambos pedidos y abrió un proceso ordinario.
El organismo judicial desestimó el amparo que pedía que Mendoza cesara en las actividades que generan disminución del caudal del Río Atuel Inferior. Pero además dejó sin efecto la medida cautelar que exigía que la Provincia garantice un mínimo caudal fluvial en ese río, por considerarla prematura.
Una vez que la Provincia de Mendoza sea notificada, el Ejecutivo tendrá 60 días hábiles para contestar.
