De las 25 prisiones domiciliarias otorgadas a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad en Argentina, 9 fueron despachadas en Mendoza, y sumando una en San Juan Cuyo es la jurisdicción que lleva la delantera en este beneficio en el marco de las prevenciones por la pandemia.
La mayoría de los beneficiados presentó como argumentos patologías preexistentes que los colocan en el grupo de riesgo ante el COVID-19, la misma argumentación de los abogados que representan otros miles de encarcelados que cometieron delitos de menor gravedad que los represores o que ya sobrepasaron los períodos de prisión preventiva.
En la primera tanda de domiciliarias fueron beneficiados 8 represores: Oscar Bianchi, Pedro Linares, Segundo Héctor Carabajal (entregador de la Nieta 117, Claudia Domínguez), Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce y Mario Ocampo. Días después fue beneficiado Juan Carlos Santamaría, ex jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea Juan Carlos Santamaría, condenado en 2018 a prisión perpetua en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad.
También había pedido ese beneficio Julio Héctor Lapaz Calderón, expolicía del D2, condenado a 20 años de prisión en el megajuicio a los jueces, pero se la negaron pues en su lista de delitos también había abusos sexuales contra presos y presas políticas, quienes manifestaron su temor ante esa posibilidad.
"La jurisdicción federal de Mendoza es una de las jurisdicciones que ha otorgado más prisiones domiciliarias a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Se han dado en Cuyo 7 en Mendoza 2 en San Rafael y 1 en San Juan, mientras que en todo el país se han otorgado entre 25 y 30. Estamos hablando de que casi la mitad se han otorgado en Cuyo", detalló en radio Nacional Mendoza Pablo Garciarena, integrante de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, coordinador de Atajo (Agencia territorial de Acceso a la Justicia) en Mendoza y miembro de Xumek.
El abogado detalló que en Mendoza "se han solicitado unas 400 prisiones domiciliarias y se han otorgado 100, es decir el 25%, sobre una población penal de 5.000 personas, es decir el 2% de la población penal. Con lo cual eso de liberar masivamente a los presos como se quiere instalar maliciosamente desde los medios de comunicación no es así".
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Cárceles de Mendoza, una bomba de tiempo
El abuso de la prisión preventiva en Mendoza convirtió a las cárceles de Mendoza en una bomba de tiempo sanitaria que ahora el Sistema Penitenciario, en tandem con los juzgados, buscan desactivar.
La situación de los diversos penales mendocinos ha sido denunciada en reiterados informes de organismos internacionales. En un hábeas corpus colectivo, Xumek retoma el tema en el contexto del COVID, lo cual derivó en una primera acción: la liberación de 8 adolescentes detenidos en el exCOSE.
Por estos días se analiza caso por caso la situación de 400 presos que podrían seguir con el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria por pertenecer a grupos de riesgo.
Por abuso de la prisión preventiva las cárceles de Mendoza son una bomba de tiempo
