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La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por José Luis Ramón, firmó un despacho solicitando un informe al Ministerio Público Fiscal sobre la represión y detención de los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro. Ambos fueron arrestados el pasado 11 de diciembre mientras cubrían una manifestación contra la minera San Jorge y el avance de la megaminería en Mendoza.
Las causas de los que protestan en Mendoza fueron generadas por fiscales afines al cornejismo comandados por el Procurador Alejandro Gullé
El pedido apunta a esclarecer por qué se privó de libertad a trabajadores de prensa acreditados, lo que se considera una vulneración de la libertad de expresión y de derechos constitucionales. En audiencia pública, Franco brindó su testimonio acompañado por el Sindicato de Prensa de Mendoza, que denunció lo ocurrido como un acto de criminalización de la labor periodística.
Tras la aprobación legislativa del Proyecto San Jorge se multiplicaron las protestas en toda la provincia, con cortes de ruta, panfletazos y ruidazos.
El reclamo sindical
El Sindicato de Prensa presentó denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y la Inspección General de Seguridad, reclamando garantías para el libre ejercicio de la tarea periodística. En su comunicado, la organización alertó sobre el riesgo que implica para la democracia que periodistas sean detenidos mientras cumplen su función de informar, y exigió la aplicación de la normativa vigente a los responsables.
La noche de la represión
El operativo policial desplegado en el KM0 de la Capital estuvo marcado por gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes que participaban de un “ruidazo” contra San Jorge. La Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) repudió lo ocurrido y difundió la lista de detenidos. Aunque la mayoría fue liberada, los hermanos Renzo y Facundo Gollano permanecen tras las rejas por pedido del fiscal Fernando Giunta, quien solicitó su traslado al sistema penitenciario.
Periodistas en la mira
El caso de Bautista Franco generó especial preocupación: su abogado confirmó que el periodista llevaba su credencial visible al momento de ser detenido. Santiago Algoberro, vocero de los trabajadores de la literatura, también fue arrestado mientras realizaba tareas de relevamiento periodístico. Ambos casos refuerzan las denuncias de criminalización hacia quienes ejercen la defensa de derechos sociales y ambientales.
Los Gollano, antecedentes y persecución
Los hermanos Gollano acumulan antecedentes de detenciones en protestas anteriores contra la megaminería. Facundo ya había sido arrestado en agosto, acusado de “daño agravado” por declaraciones policiales, mientras que Renzo fue detenido semanas después en otro confuso episodio. La captura de su padre, Adrián Gollano, durante el operativo del 11 de diciembre, sumó un nuevo capítulo a esta saga de persecuciones familiares.
La versión oficial
El Ministerio de Seguridad justificó el operativo alegando que los manifestantes intentaron ocupar la calzada y que algunos agredieron al personal policial. El parte oficial incluso menciona que un efectivo habría sido herido con un puntazo. Además, informó sobre la detención de cuatro mujeres que realizaron grafitis en defensa del agua, lo que organizaciones sociales interpretaron como un intento de criminalizar expresiones pacíficas de protesta.
Un conflicto que se profundiza
La tensión entre las organizaciones ambientalistas y el gobierno provincial se intensifica. Mientras la Comisión de Derechos y Garantías exige explicaciones al jefe de los fiscales, las asambleas denuncian un patrón de persecución hacia quienes defienden el agua y el medio ambiente. Lo ocurrido el 11 de diciembre se inscribe en una escalada represiva que pone en debate los límites de la protesta social y la vigencia de los derechos democráticos en Mendoza.
