El gobierno de Alfredo Cornejo dio de baja meses atrás el protocolo de «consulta previa e informada» a pueblos originarios sobre proyectos mineros que ya estaban en marcha y tuvo que reconocer, precisamente, que no se los había consultado. El 12 de febrero la Dirección de Minería reconoció formalmente la necesidad de consultar a las comunidades indígenas antes de avanzar con proyectos extractivos y convocó, a través de una nueva resolución, a una «mesa de diálogo» sólo a aquellas comunidades con personería jurídica.
Sin embargo, las comunidades originarias respondieron con un comunicado en el que cuestionan la legitimidad del protocolo oficial y llaman a una participación más amplia y transparente. Ese será uno de los reclamos que plantearán el 28 de febrero, día de la convocatoria. «Vamos a participar como cada vez que nos han convocado a estas instancias», confirmó a EXPLÍCITO Gabriel Jofré, referente de Malalwech.
En septiembre de 2025, el Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que omitió consultar a las comunidades originarias del sur provincial antes de aprobar el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” que habilitaba proyectos mineros en territorios indígenas. La admisión quedó plasmada en la Resolución Nº 139-EyA, que revoca el protocolo impulsado por Alfredo Cornejo y Javier Milei, y ordena iniciar un nuevo proceso de diálogo con las comunidades mapuche.
La medida tiene consecuencias inmediatas: el proyecto minero “Merlot-Syrah”, promovido por la empresa Nueva Gran Victoria S.A. en el Distrito Minero 1 de Malargüe, quedó oficialmente paralizado. La iniciativa contemplaba la prospección y exploración de dos minas —“Syrah” y “Merlot”— para la extracción de cobre y oro diseminado en la zona de Las Vegas, Butamallin.
El reconocimiento oficial
El 12 de febrero, la Dirección de Minería emitió la Resolución Nº 163/26, que invita a las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida en la provincia a participar en la revisión del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) aprobado en 2025. El texto señala que “resulta procedente suspender el curso de las actuaciones del presente expediente, dejándose establecido que, una vez finalizada dicha instancia, se incorporará a cada expediente en cuestión el resultado de aquel proceso” (Resolución Nº 163/26).
La medida se apoya en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT, que garantizan la participación de los pueblos indígenas en decisiones que afecten sus recursos naturales. El Gobierno provincial reconoce que la revisión del protocolo es en sí misma una etapa de consulta y convoca a una Mesa de Diálogo Intercultural para el 28 de febrero de 2026, en La Enoteca, Ciudad de Mendoza.
El documento oficial subraya que “la participación se lleve a cabo de manera libre, de buena fe y de una manera intercultural y apropiada a las circunstancias y en un marco de diálogo intercultural” (Resolución Nº 163/26). Además, establece que cada comunidad podrá inscribir hasta tres representantes y garantiza transporte gratuito para quienes participen de manera presencial.
La respuesta de las comunidades
Las comunidades originarias de Mendoza difundieron un comunicado en el que expresan su rechazo al protocolo oficial y su preocupación por el avance de la minería. “Durante miles de años hemos desarrollado culturas con una profunda relación con la naturaleza, la madre tierra, el agua, las montañas y todas las vidas en nuestros Territorios Ancestrales… asumimos la responsabilidad de enfrentar la avanzada Extractivista Minera, encabezada por el actual gobernador Alfredo Cornejo y avalada por el Gobierno Nacional de Javier Milei” (Comunicado de comunidades originarias).
El pronunciamiento cuestiona que la convocatoria oficial limite la participación a comunidades con personería jurídica: “Entendiendo el carácter declarativo de las comunidades indígenas NO PUEDE SER UN CRITERIO RESTRICTIVO la participación solo de comunidades con personería jurídica, por lo tanto, estamos invitando a participar a todas las comunidades con o sin personería jurídica” (Comunicado).
Asimismo, rechazan que el Estado imponga una metodología ya definida: “NO ADMITIMOS que la Convocatoria nos imponga una reglamentación INCONSULTA, en todo caso la reglamentación del proceso se realizará de forma conjunta desde esta primer reunión del 28 de febrero” (Comunicado). Las comunidades recuerdan que el protocolo aprobado en 2025 “continúa impugnado” y que mantienen acciones legales en curso.
Demandas de transparencia y participación
El comunicado también exige que el encuentro del 28 de febrero sea transmitido en vivo “de cara a la sociedad mendocina” y convoca a organizaciones ambientales, sociales, sindicales y de derechos humanos a participar como veedores. Además, llaman a realizar un acto público en la explanada de La Enoteca y el Auditorio Ángel Bustelo ese mismo día a las 18 horas, donde se leerán las conclusiones del primer encuentro.
Finalmente, las comunidades reclaman la sanción de una Ley Provincial de Consulta que cree un registro de comunidades indígenas y un registro para la regularización de territorios comunitarios. El mensaje concluye con una consigna clara: “¡¡¡EL AGUA Y LOS TERRITORIOS SE DEFIENDEN!!”.
Un proceso abierto y conflictivo
La Resolución Nº 163/26 marca un reconocimiento institucional de la obligación de consulta previa, libre e informada. Sin embargo, el comunicado de las comunidades pone en evidencia que la confianza en el proceso oficial es limitada y que la legitimidad del protocolo sigue en disputa.
El 28 de febrero será un día clave: mientras el Gobierno busca encauzar el diálogo en un marco administrativo, las comunidades originarias y organizaciones sociales intentarán transformar la mesa convocada en un espacio de resistencia y visibilización pública.