La Fiscalía acusó por participación primaria en delitos de lesa humanidad a los ex jueces Luis Miret, Rolando Carrizo, Max Petra y Otilio Romano al finalizar su alegato en el Megajuicio por crímenes de lesa humanidad este lunes en tribunales federales.
Se los acusó como cómplices y ejecutores de secuestros, violaciones, homicidios agravados por el rol de guarda y tutela de presos políticos, violaciones de moradas, amenazas, omisiones de investigar privaciones ilegítimas de la libertad. Además se los acusó de integrar una asociación ilícita.
Cientos y miles de hábeas corpus rechazados, ignorados y pagados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado se acumulaban en los estantes de los juzgados federales en Mendoza, por los cuales deben dar cuenta en el Megajuicio de Lesa Humanidad los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo.
Este lunes se retomaron las audiencias con el alegato de Dante Vega, por la Fiscalía contra los ex magistrados. Junto a Vega se presentaron quienes en los últimos meses compartieron el alegado de la Fiscalia: Jorge Auat, de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante.
"Ha quedado acreditada la participación criminal de los acusados, que debe ser considerada primaria y gradual: los acusados fueron tomando conocimiento expediente a expediente, caso por caso, del terrorismo de Estado", indicó Vega.
"Ha quedado clara la omisión de investigar como aporte primario, como colaboración de la Justicia Federal con el terrorismo de Estado. Fue sistemática, monolítica y sin fisuras: no hay un sólo caso donde se haya investigado a las fuerzas de seguridad por los hechos cometidos. No hay un sólo caso investigado antes ni después del golpe. Por ningún delito: ni por un golpe ni por los más graves, las desapariciones forzadas", siguió.
El fiscal leyó uno tras otro casos con nombre y apellido de víctimas de secuestros y desapariciones durante la dictadura militar en los cuales los hábeas corpus presentados por familiares de víctimas de terrorismo de estado eran rechazados y se imponía a los familiares el pago del trámite.
"Imponer costas en los hábeas corpus era un mecanismo de intimidación de la justicia a los familiares de las víctimas", remarcó Vega, quien en las últimas audiencias basó su alegato en los detalles de omisiones a investigar crímenes de lesa humanidad como parte del modus operandi cómplice entre los represores y quienes eran los encargados de "impartir justicia".
A su turno, remarcó Auat: "Si hubiesen actuado los operadores judiciales, hubiera sido lo mismo ¿Cómo se puede cuentificar el aporte de los jueces? ¿Cómo se puede medir? Los ciudadanos acudían al juez para reclamar un derecho vigente. El aporte de los jueces separa la frontera de la vida y la muerte".
"La forma de medir los aportes ( de los ex jueces) es a partir de la sangre con la que se escribieron las historias", insistió.
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