Roto el diálogo con el Gobierno tras la fallida "mesa de diálogo minero", la Asamblea por el Agua retomó su agenda propia en pos de evitar el desembarco de la megaminería contaminante en Mendoza. Con esa fuerza motora invitó a Mendoza al Fiscal Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien lleva adelante varias causas por delitos ambientales, entre ellas contra CEOS de la minera La Alumbrera y de la empresa Aluar. Es reconocido en todo el país por sus intervenciones y fallos en contra de los delitos ambientales de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca.
Gómez estará en Mendoza del 1 al 3 de setiembre. Dará una charla el viernes a las 19 sobre Delitos Ambientales, Derechos Humanos y resistencias sociales en la sala del Salón Cultural Bernardino Rivadavia (José Vicente Zapata 349, Ciudad) y el sábado estará en Uspallata en la escuela Combate de Potrerillos a las 10, donde también participará Federico Soria, quien investigan y denuncia hace años el accionar de Joseph Lewis y sus testaferro, participando activamente en protestas para exigir la apertura del camino público al Lago Escondido.
Gómez ha dado conferencias invitado por el Parlamento de la Unión Europea y a raíz de esas invitaciones está trabajando para preparar un proyecto de creación de un Tribunal Penal Europeo e Internacional para los Delitos Ambientales. No obstante, su mayor esfuerzo académico hoy se encuentra volcado a realizar tareas de capacitación permanente a comunidades en todo el país, ONG, centro de estudiantes, Asambleas de Ciudadanos y demás, en materia de delitos ambientales, denuncias y trámites judiciales.
En materia ambiental se especializó desde muy joven en la investigación de delitos ambientales y es socio fundador de la Red de Fiscales Ambientales de América Latina. Ha dirigido a fuerzas policiales (Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval) en la investigación de distintos tipos de delitos pero ha centrado su esfuerzo en aquellos que afectan la naturaleza. Siendo Fiscal Federal en Chubut llevó adelante varias investigaciones sobre contaminación ambiental entre ellas por volcado de petróleo en el mar argentino (empetrolamiento de pingüinos), volcado de residuos en el Golfo Nuevo (Puerto Madryn) por la operatoria irregular de los buques; en casos de minería, remediación de minas y en el proyecto del repositorio nuclear en Gastre, la contaminación del Rio Chubut. Investigó además la contaminación por la empresa Aluar, la contaminación por líquidos cloacales, entre otros.
Siendo Fiscal General de Tucumán llevó adelante investigaciones por delitos ambientales en más de 100 causas entre las que se destacan el procesamiento de autoridades de distintas empresas como empresas de la mega minería, citrícolas, papeleras, frigoríficos, ingenios, empresas dedicadas a la recolección de residuos, sanatorios, como así también el procesamiento de varios intendentes y autoridades públicas por su complicidad con la contaminación ambiental provocada por distintas empresas.
