Vecinos, activistas, y asambleas ambientales de varias provincias, entre ellas Mendoza, manifestaron su apoyo y solidaridad hacia Sergio Martínez, integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Provincia de Catamarca, quien es un conocido militante en contra de la mega minería, y cuyo domicilio fue allanado este martes por policías encapuchados en el marco, según la información oficial distribuída a los medios, de un operativo antidrogas.
Según manifestaron la Asamblea Famatina, el grupo Mendoza Sin Fracking y el Servicio Paz y Justicia que preside el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, Martínez es "víctima de una operación de persecución y estigmatización por ser parte de un grupo de vecinos que cuestionan la minería a cielo abierto en Andalgalá, Catamarca".
El allanamiento, según autoridades policiales catamarqueñas, fue para secuestrar marihuana. Sin embargo, los ambientalistas remarcaron que "relacionar a Martínez con el narcotráfico no es casualidad, sobre todo luego de que miembros de la Asamblea El Algarrobo sostengan un amparo presentado en la Justicia para frenar el Proyecto minero Agua Rica, de Yamana Gold"
Martínez presentó un amparo en la Corte Suprema de la Nación contra Catamarca, la empresa Minera Agua Rica y Andalgalá, "para suspender todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica LLC, ubicadas en los nevados del Aconquija, así como el cese definitivo de dicho emprendimiento, por lesionar los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes y de todos los habitantes de la región", señala el escrito.
"Se lo acusa a él y a su hijo de estár involucrados con tenencia de estupefacientes, conociendo su compromiso y su trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y contra los estragos que está realizando la megaminería a través de la mina la Alumbrera, Agua Rica y Filo Colorado, estamos en condiciones de asegurar que eso es sólo una excusa", señalaron sobre los movimientos policiales desde Serpaj.
Persecución en Mendoza
Semanas atrás, ambientalistas de Mendoza denunciaron que en respuesta a la resistencia en las calles al fracking o a la avanzada del lobby minero contra la 7722, hubo una respuesta de persecución judicial a vecinos y activistas involucrados directamente con esas luchas, algunos de los cuales incluso cambiaron de residencia para evitar mayores consecuencias.
Uno de los blancos de esa ofensiva judicial fue Miguel Angel Vecino Perez, quien fue detenido en Boulogne Sur Mer por un mes y confiscados sus elementos de trabajo, que hasta mediados de febrero aún no había recuperado.
Ambientalistas denunciaron una ofensiva judicial de Cornejo contra los defensores de la 7722
Uno de los más activos ambientalistas en Mendoza, Esteban Servat, apuntó tras la liberación de Vecino Pérez: “Debemos estar preparados para imputaciones cuya principal característica será poner en duda la inocencia y honestidad del afectado, acusándolo de acciones indefendibles que no tengan nada que ver con la defensa del agua. Así, en operaciones tipicas de manual, se apoyarán en elementos internos para generar las primeras grietas influenciando a la gente para pensar que el acusado es culpable. Tenemos información de que la nueva ofensiva prepara acusaciones que incluyen violencia de género y causas armadas por mal desempeño de funciones para desplazar a un importante referente académico, entre otras”.
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