Fundaciones cannábicas de todo el país y abogados que representan a Tahiel café, un growshop que funcionaba en Godoy Cruz, acudieron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por la brutalidad de un operativo en contra de ese local, donde además funcionaba una clínica cannábica habilitada por el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para tratar pacientes con esa planta medicinal.
El operativo no se quedó en hostigamiento de los funcionarios de Godoy Cruz, sino que tuvo soporte de la Justicia e incluyó un allanamiento con destrucción del lugar -previo secuestro de las cámaras de seguridad-. Los encargados del local decidieron resguardarse fuera de las fronteras de Mendoza por su seguridad.
Para completar el cuadro, los funcionarios usaron medios afines para desplegar un operativo de propaganda contra el local que tenía sus papeles de cultivo en regla. En diarios y portales digitales se difundió la postal del secuestro de los productos veganos y cannábicos como si de una red delincuencial se tratara.
Además de la destrucción de insumos, cámaras y el secuestro de productos -cajas de vino, plantas, comida, entre otros- el operativo incluyó la detención en una celda de una joven que a posteriori perdió el embarazo que cursaba, y el secuestro del perro de uno de los propietarios, que nunca apareció.
El principio del fin: negarse a pagar un extra a los inspectores
Con inusual brutalidad, la Municipalidad de Godoy Cruz emprendió, a mediados de septiembre, un operativo de persecución contra los encargados de Tahiel, un restaurante y café que vendía productos veganos y, además, prestaba parte de sus instalaciones a la ong llamada Clínica del Cannabis, inscripta en el Reprocann, que trata a pacientes cuyas patologías son aliviadas por el uso de la planta.
Se trTahiel Café funcionaba en San Martín 453, de Godoy Cruz, hacia donde llegaron los inspectores de Bromatología de la comuna que dirige Tadeo García Salazar exigiéndoles que sacaran del local plantas de marihuana, bajo amenaza de clausurar el local, revelaron sus dueños.
"Les explicamos que teníamos plantas porque estamos inscriptos en el Reprocann, nosotros estamos inscriptos y también la ONG está autorizada a cultivar. Teníamos unas 30 plantas, les explicamos que esa era nuestra medicina. No lo entendieron, se fueron, pasó el fin de semana, regresaron el lunes y nos emplazaron a 24 horas ir a la Municipalidad a presentar los papeles. Les mostramos los papeles en la Municipalidad con nuestro abogado, no nos quisieron atender. Horas más tarde apareció personal municipal con gente de Narcóticos de la Provincia", contó Facundo, uno de los encargados del local, en radio La Mosquitera.
En ese mismo momento, el presidente de la ong estaba en la municipalidad presentando los papeles en regla sobre su inscripción en el Reprocann.
La jueza Mariana Leiva permanecía al teléfono, y le ordenó a la policía que desactivara el operativo pues todo estaba en regla. Los uniformados se retiraron, sin embargo los inspectores de García Salazar se quedaron y clausuraron el growshop "por no tener autorización para vivero pasando por sobre el acta que nos daba 10 días de permiso para habilitar el local como jardinería. Nos fuimos a nuestra casa y luego hicieron un allanamiento en el local", reveló Facundo.
"Órdenes de más arriba", les dijeron los municipales. "Esto así no va a quedar, les van a clausurar el growshop", siguieron. Precisaron que la orden de cerrar el local era de Natalio Derinovsky, de la dirección de Comercio de Godoy Cruz.
Un clásico: destruyeron las cámaras
La policía quitó el DVR de las 16 cámaras de seguridad y acto seguido destruyó las plantas, se llevaron los servidores y los cpu del local, detalló Facundo. Se llevaron c arpas, fertilizantes, luces en sus cajas, cajas de vino, artículos de todo tipo delante del personal que presenció el operativo. Como parte del operativo le secuestraron el celular a uno de los jóvenes que había filmado todo.
"En la Municipalidad hay una corrupción tremenda. En medio de la pandemia nos pidieron un plan de contingencia contra incendio, nos costó carísimo y nunca nos habilitaron. Cada vez que venían a inspeccionar por ese tema, como nosotros lo habíamos hecho con una persona que no era de la Municipalidad nos dejaban una tarjeta y nos decían 'háganlo con nosotros que lo aprueban rápido'. Hay una mafia ahí adentro. Hace dos años que nos tienen con este trámite y nos cobran una doble factura por ese trámite trabado. Es una corrupción total", detalló el encargado de Tahiel.
Acudieron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Maximiliano Carlinis, abogado de los dueños de Tahiel, contó en radio Nacional detalles posteriores al brutal allanamiento.
"Se ve que a alguien de Godoy Cruz le molesta la existencia y la colocación de plantas que estaban autorizadas por Reprocann, que es un registro nacional", remarcó el letrado.
