Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 14 segundos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, notificó la sentencia en el emblemático caso por el asesinato de José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez, ocurrido en Mendoza en el año 2000.
El crimen de Zambrano y Rodríguez sacudió el gobierno de Roberto Iglesias en el 2000
El organismo declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por violaciones graves a los derechos humanos, al concluir que ambos jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, con participación directa de agentes de la Policía de Mendoza.
Impunidad y falta de diligencia
La Corte señaló que las autoridades argentinas no actuaron con la debida diligencia en el esclarecimiento de los hechos, lo que perpetuó la impunidad durante más de dos décadas. Entre los derechos vulnerados se destacan: el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personal, además de las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la verdad.
Como medida de reparación, el Tribunal ordenó al Estado argentino realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, junto con otras acciones destinadas a reparar el daño causado.
COMUNICADO | 📄
En la Sentencia del Caso Zambrano, Rodríguez y otros Vs. Argentina, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a la República Argentina responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas en la provincia de… pic.twitter.com/QN9d05bPZC
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 9, 2025
El trasfondo del caso
Zambrano, de 28 años, y Rodríguez, de 25, fueron vistos por última vez a fines de marzo de 2000. El Peugeot 205 de Zambrano apareció días después con manchas de sangre, lo que encendió las alarmas. Testimonios indicaron que Zambrano se reuniría con policías para entregar información sensible, acompañado de su amigo.
La presión de familiares y medios obligó al gobierno provincial de entonces, encabezado por Roberto Iglesias y su ministro de Seguridad Leopoldo Orquín, a ofrecer una recompensa de cuarenta mil pesos.
En julio de ese año, un aviso derivó en el hallazgo de los cuerpos semienterrados en el pedemonte de Godoy Cruz, en la zona del autódromo Los Barrancos. La autopsia reveló que Zambrano recibió un disparo en la cabeza, mientras que Rodríguez fue ejecutado con dos tiros.
Una herida abierta
A pesar de las pruebas y la presión social, las autoridades políticas y judiciales nunca lograron identificar a los responsables materiales. El caso quedó impune en el ámbito interno, hasta que la CIDH intervino y dictó la sentencia que hoy obliga al Estado argentino a reconocer públicamente su responsabilidad.
La resolución internacional no solo reabre un capítulo doloroso de la historia mendocina, sino que también expone las deudas pendientes en materia de justicia y derechos humanos en Argentina.
La desaparición
El 25 de marzo de 2000, José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez desaparecieron en Mendoza tras dirigirse a un encuentro con funcionarios policiales. Ambos eran informantes y, según se supo, iban a aportar datos sensibles.
La noticia sacudió al gobierno del entonces gobernador Roberto Iglesias y generó un escándalo institucional que puso en jaque a la conducción política y policial. El ministro de Seguridad, Leopoldo Orquín, llegó a ofrecer una recompensa de 40 mil pesos para quien aportara información sobre los dos jóvenes.
El hallazgo y las sospechas
En julio de ese mismo año, un puestero llamado José Luis Robertson señaló que los cuerpos estaban en un descampado del pedemonte de Godoy Cruz. Robertson cobró la recompensa, pero luego se reveló que tenía vínculos con las muertes, lo que profundizó las sospechas sobre la trama policial detrás del caso.
El hallazgo de los cuerpos precipitó la caída de la llamada “mafia policial”, un entramado de corrupción y violencia que marcó a la provincia en aquellos años.
