Toma y daca

El apoyo del PJ a la reforma de la ley 7722 y el guiño de Suarez a la Ley de Emergencia de Fernández

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Los gobernadores radicales Rodolfo Suarez, de Mendoza, Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes, con el presidente Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Wado De Pedro, el lunes en la Casa Rosada.

El gobernador Rodolfo Suarez, junto a otros radicales, se reunió con el presidente Alberto Fernández en lunes en la mañana. A la misma hora, la cúpula del peronismo mendocino anunciaba que apoyaría la flexibilización minera que impulsa el mandatario provincial.

¿Por qué los peronistas decidieron compartir el costo político de ir contra la Ley 7722, que prohíbe el uso de tóxicos en la minería, y por lo tanto impide la extracción de metales de la Cordillera mendocina?

La respuesta puede tener vínculos con lo tratado en la reunión que convocó a Suarez a la Casa Rosada. Con él fueron sus pares de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés. Con le presidente los esperó el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Fernández necesita votos en el Congreso para aprobar el paquete de leyes fundacional de su gobierno, que incumbe la emergencia económica, social y sanitaria.

“Vamos a viabilizar y a dar quórum para que se trate, porque son proyectos importantes que necesita el Gobierno”, afirmó Morales.

En la misma línea se expresó Valdés al término de la reunión: "La idea es acompañar la iniciativa de un gobierno que se inicia y así ejercer una oposición responsable, para habilitar un debate profundo en el Congreso".

De esta manera, los radicales se despegaron del macrismo puro y duro expresado en el Pro, que conducirá Patricia Bullrich. En plena bolsonarización, el partido del ex presidente Mauricio Macri, no sólo tratará de voltear el tratamiento de las leyes del Presidente boicoteando el quorum, sino que está convocando a una protesta masiva en Congreso.

Como Fernández necesita de los radicales para sus leyes, Suarez necesita del peronismo para no asumir en soledad los costos de habilitar el uso de tóxicos como el cianuro en la industria minera mendocina.

Un día después de la reunión en la Rosada tiene turno legislativo el proyecto del Ejecutivo mendocino que deroga las prohibiciones de la Ley 7722, popularizada como Ley Antiminera.

“Fernández apoya absolutamente estas acciones que estamos tomando”, declaró Suarez después de dialogar con el Presidente.

El gobernador destacó “el ánimo y la buena predisposición del Presidente para trabajar junto a todos los gobernadores, sin distinción de espacios políticos”. Y agregó: "Es una persona abierta al diálogo, a los consensos. Esta fue una buena reunión”.

La conferencia del PJ

Los legisladores nacionales Anabel Fernández Sagasti, Marisa Uceda, Omar Félix y Alejandro Bermejo; el presidente del PJ provincial, Guillermo Carmona, y los legisladores locales Lucas Ilardo y Germán Gómez encabezaron una conferencia de prensa el lunes en la mañana.

Con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, el PJ dio una conferencia de prensa.

Fernández Sagasti aclaró: “El oficialismo tiene los números para avanzar en soledad con las iniciativas presentadas y por lo tanto el peronismo, desde el Frente de Todos, está sentando posición para garantizar en primera medida que no se contamine el agua que los mendocinos tomamos, y en segunda medida que no haya más cheques en blanco que hipotequen la provincia”.

Planteó la ex candidata a la Gobernación que hay cuatro ejes “fundamentales y no negociables” para dar tratamiento al proyecto del oficialismo. Lo primero, un control ambiental efectivo, lo segundo un cuidado estricto del agua que deberá ser financiado con fondos de las regalías de la actividad.

Como tercera condición, crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan  de la actividad y por último, pero no menos importante garantizar licencia social, que precisa la actividad. Para esto último, la postura del peronismo es que se exija como condición para habilitar los proyectos mineros un aval vinculante de los municipios. Consideran los peronistas que Malargüe sería el único departamento con condiciones para avanzar con esa cláusula.

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