El Senado aprobó este miércoles por unanimidad -42 votos- un proyecto de ley de Sigrid Kunath (Justicialista) que establece quitar el arma reglamentaria a los policías denunciados por violencia de género. En Mendoza, ésta es una de las denuncias más frecuentes, según consta en las estadísticas de la Inspección General de Seguridad.
En los dos primeros trimestres de 2019, según la Inspección General de Seguridad (IGS) 21 policías fueron denunciados por violencia de género (siete de ellos agentes penitenciarios). Este número, no obstante, sólo refleja los casos que llegaron a concretarse en denuncias, con las dificultades que ésto plantea para cualquier familiar de un uniformado.
Este es el cuadro de denuncias -incluye sólo los policías- en el segundo trimestre en Mendoza, según la IGS:
El 2018, siempre según las estadísticas de la IGS, cerró con 57 denuncias entre violencia intrafamiliar y violencia de género, entre los cuales había 37 policías y 20 agentes penitenciarios involucrados.
El proyecto que trata el Senado
Quitarles el arma a los uniformados denunciados, según el proyecto, es considerado "un mecanismo de prevención para los casos donde los agentes de fuerzas policiales y de seguridad sean denunciados por violencia contra las mujeres".
“Buscamos que en los casos donde exista una denuncia por violencia de género y donde además exista judicialización de la situación planteada, que ante esa ante la denuncia la quita del arma reglamentaria sea obligatoria, no una facultad del juez de hacerlo o no”, explicó Kunath, autora del proyecto.
Y agregó: “Lo que planteamos es una medida legislativa de control de armas de fuego desde una perspectiva de género”.
Según el proyecto aprobado, en los casos en que el presunto agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en forma urgente, notificar a los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Defensa de la Nación, o al órgano competente a nivel local, según corresponda.
Asimismo, “deberá ordenar el inmediato retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine, disponiendo la suspensión temporaria de la autorización para la tenencia, portación y transporte de armas de fuego y municiones”.
En el recinto, se incorporó una modificación propuesta por la mendocina Pamela Verasay (UCR) para que, si el presunto agresor y la víctima resultan ser agentes del mismo cuerpo, luego de la denuncia por violencia de género pasen a ejercer funciones en cargos separados, para evitar todo tipo de contacto.
La iniciativa va de la mano con la protección a las mujeres ante los femicidios que se producen 72% en el hogar de las víctimas y son el desenlace de un historial de violencia que nunca decrece.
La tasa de femicidios por habitante en Mendoza supera a Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe
