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La dictadura militar en Mendoza (1976–1983) desplegó un particular operativo represivo instaurando un profundo terror. El plan sistemático de desaparición de personas aplicado a nivel nacional tuvo características específicas en la provincia.

La represión no solo estuvo a cargo de las fuerzas armadas, sino que contó con una compleja red de complicidades civiles, judiciales y eclesiásticas que operaron con total impunidad.

El caso Greco constituye una de las pruebas más contundentes de la participación del poder económico civil en la dictadura, evidenciando que la alianza cívico-militar no fue un mero respaldo político sino un engranaje activo en la toma de decisiones represivas.

Héctor y José Greco fueron detenidos en abril de 1980 tras reunirse con el dictador Jorge Rafael Videla, su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ministro del Interior Albano Harguindeguy.

La detención fue ordenada por la Junta a instancias del lobby bodeguero tradicional de Mendoza, al que los Greco habían acorralado. El grupo tenía base en San Martín. El banco Los Andes, cuya casa matriz se ubicaba en la calle 25 de mayo,, frente a la municipalidad de San Martín, llegó hacer la entidad privada con más depósitos en el país.

El grupo Greco llegó a explicar el 30% del producto bruto geográfico de Mendoza. La cúpula fue detenida en un restaurante del centro porteño después de la reunión con los jerarcas de la dictadura. La economía del  Este de Mendoza nunca se terminó de recuperar.

Centros clandestinos

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) identificó en Mendoza una red de centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaban de manera articulada . Entre los principales se encontraban:

·D2: Dependiente del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, fue uno de los centros más emblemáticos y temidos de la provincia .

· La Compañía de Comunicaciones de Montaña 8: Un espacio militar donde se concentraba, torturaba y desde donde se coordinaban los traslados de detenidos .

· La Penitenciaría Provincial: Funcionó como un espacio más del engranaje represivo, donde se alojaba a los presos políticos bajo un régimen de aislamiento y tortura .

Estos centros operaban bajo una lógica de «circuitos»: una persona podía ser secuestrada en su domicilio, trasladada a una comisaría local, luego al D2 para ser torturada, y finalmente derivada a la Penitenciaría o a otros centros fuera de la provincia, en un intento de borrar todo rastro de su paradero.

Testimonios de Sobrevivientes y Familiares

Los testimonios recogidos en los juicios por crímenes de lesa humanidad pintan un cuadro desgarrador de la vida cotidiana bajo el terror:

· Secuestros y complicidad vecinal: Hortensia Ramos, madre de Mario Díaz (detenido en 1976), recordó que el oficial que lo secuestró, Juan Agustín Oyarzabal Navarro, era su vecino. En una ocasión, este oficial le justificó las torturas con la frase: «Si no los torturamos cómo podemos saber lo que queremos» . El caso de Mario es paradigmático: sobrevivió siete años y medio en distintas cárceles, pero falleció décadas después por un tumor en la columna provocado por las torturas recibidas .

· La complicidad de la justicia: Familiares de detenidos denunciaron el accionar cómplice de la justicia federal. Graciela Morales, hermana de Alicia Morales, detenida en 1976, recordó que un fiscal les dijo a su padre: «Déjese de joder Morales porque usted sabe que aquí mandan los militares y la justicia se la pasan por el culo» .

· Persecución a estudiantes y periodistas: La dictadura apuntó especialmente a centros de formación. Estudiantes de la Escuela de Periodismo fueron secuestrados y desaparecidos. Un caso emblemático fue el de Raquel Moretti y Aldo Casadidio, compañeros de facultad secuestrados en diciembre de 1976 en la casa de Casadidio, en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Sus cuerpos nunca aparecieron .

La Iglesia y los cómplices civiles

Mendoza fue escenario de un hecho inédito que reveló hasta dónde llegaban las complicidades: la participación activa de un sacerdote en los crímenes de Estado.

· El caso Reverberi: El sacerdote italiano Franco Reverberi, capellán militar en Mendoza, fue acusado de colaborar con el Ejército en el secuestro, tortura y asesinato de opositores en la zona de San Rafael . Su caso alcanzó relevancia internacional cuando huyó a Italia en 2011. En 2023, la justicia italiana aprobó su extradición a Argentina para ser juzgado, un hecho histórico que refleja la búsqueda de justicia más allá de las fronteras .

La Lucha por Justicia: Juicios y Memoria

A pesar de los intentos por imponer el olvido, la memoria y la búsqueda de justicia se mantuvieron vigentes.

· El Legajo 7746 de la CONADEP: En 1984, un ex oficial de la Policía Federal declaró ante la CONADEP detallando más de 100 operativos ilegales en Mendoza, incluyendo secuestros, torturas y robos. Este legajo fue la base del documental «7746 Legajo CONADEP«, que buscó visibilizar los crímenes y presionar para que los responsables fueran llevados a la justicia .

· Juicios por crímenes de lesa humanidad: Durante décadas, los crímenes quedaron impunes gracias a leyes como el Punto Final y la Obediencia Debida. Tras su anulación, Mendoza se convirtió en un polo de «megajuicios». En estas audiencias, sobrevivientes como Alfredo Ghilardi (detenido en el D2) han podido declarar, señalando a sus torturadores y reconstruyendo la historia con sus relatos .

La experiencia de Mendoza durante la dictadura fue la de un laboratorio del terrorismo de Estado, donde el plan de aniquilamiento se ejecutó con una precisión que involucró no solo a las fuerzas de seguridad, sino a una trama de civiles, jueces y religiosos que actuaron como engranajes de un sistema criminal. Hoy, los juicios orales continúan siendo un espacio fundamental para las víctimas y sus familiares, que con sus testimonios siguen buscando verdad y justicia.