Tras el caso de la niña tucumana obligada a una cesárea tras negarle un aborto legal por un embarazo luego de ser violada, las Naciones Unidas instaron al estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE). "La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos", señaló la Representante del ACNUDH para América del Sur, Birgit Gerstenberg, citada por el diario Página 12.
El caso también fue denunciado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Procedimientos Especiales en Contra de la Discriminación por la Aplicación de la Ley de la ONU, por la organización Cladem, indica el diario porteño.
En el hospital Eva Perón, de Tucumán, se practicó una cesárea a la niña de 11 violada por la pareja de su abuela, después de negársele un aborto, amparado en estos casos por la ley. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recordó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y niñas, incluida la salud sexual y reproductiva, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.
"La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud", indicó Gerstenberg, y agregó_"Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo".
Según el artículo, la ONU recordó que el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) recomendó en 2018 adoptar medidas efectivas para implementar en todas las provincias la sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto legal, y garantizar que se adopten protocolos para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral a las niñas y mujeres que recurren al aborto en los casos previstos en la ley vigente", añadió Gerstenberg.
Mendoza es una de las provincias que nunca adhirió al protocolo como ordenaba la Corte Suprema de la Nación, uno de los reclamos constantes de los colectivos feministas que volverá a estar en las pancartas en la marcha del paro y movilización por el 8M.
Mendoza cumplió 11 años cajoneando el protocolo de aborto no punible
La ONU aclaró que se respeta la objeción de conciencia de los médicos al respecto, y que esto va en paralelo a la acción del estado para garantizar el aceeso a la ILE.
Además, la Oficina urgió al Estado a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica y a que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad. Igualmente, el ACNUDH solicita garantizar a la niña su derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, así como servicios psicológicos y sociales, para evitar su revictimización.
