La guerra del gas

Las distribuidoras salieron a bombardear una medida del gobierno que favorece a las petroleras

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Por los plazos de pago del gas entraron en guerra las distribuidoras con las petroleras.

La guerra del gas tiene otra batalla abierta en fase de fogueo. Las distribuidoras y las productoras se trenzaron en una pelea financiera con el gobierno de Mauricio Macri jugando un rol decisivo a favor de las petroleras.

La pelea es por los plazos que tienen las distribuidoras para pagarles el gas a las petroleras que lo producen. Es entre holdings poderosos, varios con vínculos intensos con el macrismo: Paolo Rocca, del lado de las petroleras, y, del lado de las distribuidoras, Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri, y Marcelo Mindlin, dueño del emporio Pampa, son algunos ejemplos.

El gobierno promueve acotar los plazos de pago del gas de 75 a 30 días. Las distribuidoras dicen que desde que reciben el gas hasta que cobran las facturas de los consumidores pasan unos 72 días. Entonces, para cumplir en 30 días deberían  conseguir financiamiento. En la actualidad eso tiene un  costo del 50 por ciento anual en los mercados accesibles para las distribuidoras Metrogas, Naturgy (ex GasBAN), Camuzzi y EcoGas.

La medida es parte de una reforma de las reglas para el mercado del gas que dejó Juan José Aranguren al dejar la cartera de Energía echado por el Presidente. La guerra entre las corporaciones que hacen negocios energéticos en el país se llevó puesto al sucesor de Aranguren, Javier Iguacel, quien soportó la degradación de su cargo de Ministerio a Secretaría antes de salir eyectado del despacho. Se cayó en seis meses. Asumió en su lugar Gustavo Lopetegui, un diseñador de empresas que juega al servicio de los intereses que representa el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Un negocio gigante

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, despotricó contra la medida a favor de las petroleras que quiere imponer el gobierno.

Alejandro MacFarlane, dueño de Camuzzi (a la izquierda), con Jorge Brito hijo (banco Macro) y el ministro Rogelio Frigerio.

“La decisión de acortar el plazo de pago a las petroleras (de 75 a 30 días) funciona como una transferencia de renta de las distribuidoras a las productoras. Nos están obligando a salir al mercado a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca de un 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras de cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido. No puede pasar algo así”, advirtió el empresario citado por el portal EconoJournal, que presentó una cobertura de la negociación con todos los detalles.

La guerra es por un negocio gigantesco. Las distribuidoras pagan, en conjunto, unos $ 5000 millones mensuales por el gas que compran a las petroleras. La reforma las obligaría a salir a buscar financiamiento en la plaza local por unos $ 2000 millones para adelantar los pagos a las petroleras, estimó EconoJournal.

Las productoras celebraron

La Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (CEPH), que representa a las mayores petroleras de la Argentina, respaldó la decisión del gobierno criticada por las distribuidoras.

La entidad que nuclea a YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall, Tecpetrol y Pampa, entre otras más de 25 compañía, comunicó su respaldo a la decisión del Enargas, el ente regulador del gas. En el documento, enviado a EconoJournal después de las difusión de los cuestionamientos de Macfarlane, realiza un descargo argumental que punto por punto explica por qué las petroleras apuntalan la posición del organismo que preside Mauricio Roitman.

“El plazo histórico de pago de las empresas distribuidoras fue de 30 días. Durante muchos años, la intervención del mercado llevó ese plazo a 75 días, provocando una desinversión en toda la cadena del sector, originándose así una situación extraordinaria”, afirma el texto en cabeza del titular de la Ceph, Carlos Seijo.

“Hoy, tras la recuperación de los márgenes de las distribuidoras, se hace necesario la normalización del plazo de pago de 30 días. Los efectos de esa normalización se ven reflejados positivamente en los balances presentados por las mismas en 2018”, enfatizó.

“La pretensión de seguir pagando a 75 días les permitiría (a las distribuidoras) apropiarse indebidamente del dinero de los consumidores abastecidos por ellas y obtener una renta extra con el rendimiento del dinero sobre el plazo que puedan dilatar los pagos”, criticó Seijo.

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