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Un informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad indica que en 2018 «se redujo significativamente el número de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018». Es decir, hay más acusados de crímenes de lesa humanidad que gozan de la prisión domiciliaria, 65% del total según datos de la Procuvin.
Por otra parte, el informe señala que este año hay «una baja significativa en el número de elevaciones y en la cantidad de sentencias dictadas”. Esto, analiza la Procuvin, es indicio de una ralentización más profunda en la instancia de juicio, que se explica «por la dificultad para conformar los tribunales intervinientes que se traducen en demoras a la hora de resolver los recursos interpuestos en las distintas instancias».
La ong Xumek evaluó sobre las prisiones domiciliarias para genocidas y sus colaboracionistas que «el otorgamiento de las llamadas prisiones domiciliarias automáticas por numerosos tribunales del país -que se basan en la doctrina de algunas salas de la Cámara Federal de Casación Penal (CFPC), que la autoriza con el sólo cumplimiento del requisito de la edad (65 años)- hacen peligrar las bases mismas del proceso de justicia. Ello en tanto autorizar que la prisión -preventiva o condenatoria- se cumpla en el domicilio debe estar fundado en serias patologías o enfermedades que no puedan ser tratadas en los establecimientos penitenciarios, o por razones humanitarias evidentes, pero no en una mera situación etaria, que no constituye bajo ningún punto de vista el fundamento del instituto».
Los datos de la Procuvin muestran que se redujo significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018. Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad (65% del total). Esa tendencia es definitiva, y se profundiza aún más al analizar el universo de personas mayores de 70 años, para las cuales se eleva al 77% de los casos, y al 82% si consideramos entre ellas a quienes fueron condenadas pero aún no tienen su sentencia firme.
En 2018, obtuvieron sentencia un total de 108 personas, menos de la mitad que en 2017. De ellas, 91 fueron condenadas y 17 absueltas. Así, de las 17 sentencias dictadas en 2018, 7 fueron por uno, o máximo dos imputados. En el caso de Mendoza, hubo sentencia en la Megacausa II el 20 de septiembre con un total de 19 imputados, de los cuales 1 fue absuelto y 18 resultaron condenados.
Este es el informe completo de la Procuvin:
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