La cantidad de presos por habitantes en Mendoza supera 40% a la media nacional, alertó un informe presentado en la Corte

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Mendoza supera en 40% la cantidad de presos cada 100.000 habitantes según un estudio que relevó la cantidad de presos  según el cual esta provincia sólo es superada por Buenos Aires: mientras que la tasa de encarcelamiento nacional es de 152 cada 100.000 habitantes, la de Mendoza marca 213 cada 100.000 habitantes y Buenos Aires ostenta 218 detenidos cada 100.000 personas.

Comparando índices de “prisionalización”, Mendoza supera en 40% a la media nacional, según el informe, que alertó sobre la superpoblación de las cárceles de esta provincia.

Los datos están incluídos en un informe realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Asociación Civil Xumek, que interpusieron una acción judicial de habeas corpus colectivo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por “uso abusivo de las detenciones y prisiones preventivas por parte de jueces y fiscales”, según remarcaron en un documento difundido este miércoles, que revela, además que Mendoza es la segunda provincia con mayor tasa de “prisionalización” per cápita, sólo superada por Buenos Aires.

En Mendoza hay más de 4.000 personas presas, de las cuales el 45% se encuentran procesadas, es decir sin sentencia firme.

“Absolutamente todos los establecimientos penitenciarios se encuentran sobrepoblados -advierte el informe elevado a la Corte-. En la labor de monitoreo se ha llegado a comprobar hasta diez personas alojadas en celdas de 2,5mt por 3.5mt, durmiendo siete de ellas en el suelo, por lo que los niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intra-carcelaria han llegado a niveles críticos e insostenibles”.

Según un relevo en los penales mendocinos, hay 874 “privados de libertad por la autoridad que investiga su causa y órgano acusador, sin control judicial ni de ningún tipo y por lapsos de tiempo que van de os pocos días hasta un año. Se trata de detenciones efectuadas sin la mínima observancia de lo dispuesto en nuestro Código Procesal Penal, con fundamentaciones meramente formales y sin el debido control de la Justicia de Garantías, creada precisamente para contralor de la detención y la instrucción de la causa de que se trate”.

“Nos resulta alarmante la falta de reacción de dicha ‘justicia de garantías’ cuando, finalmente, el Ministerio Público decide darle intervención luego de haber tenido detenida a la persona durante -por ejemplo- seis meses o más tiempo”, remarcaron los organismos que presentaron el hábeas corpus colectivo.

El objeto de la presentación ante el máximo órgano administrador de Justicia de esta provincia es, resaltaron, que los operadores judiciales “utilicen la privación de libertad tal como prevé nuestro Código Procesal Penal e instrumentos internacionales de rango constitucional en materia de derechos humanos; esto es como última opción en instancias de investigación de los posibles delitos, y no como regla ante cualquier caso, como viene sucediendo hasta el momento”.

El siguiente es el informe completo presentado ante la Corte:

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