El presidente Javier Milei pretende asumir las funciones del Congreso hasta fines de 2025, mientras se produce una reforma política que trastoque todo el sistema democrático como se conoce en Argentina. La denominada Ley Ómnibus que llevó el ministro del Interior, Guillermo Francos, este miércoles al Congreso deja sin funciones al Parlamento, puesto que asume el Presidente la potestad de legislar.

En el primer artículo del proyecto, Milei pide superpoderes para gobernar sin interferencias del Congreso. Es decir, busca la suma del poder público, más teniendo en cuenta la alineación del Poder Judicial con los poderes fácticos y el jefe del Pro, Mauricio Macri.

"La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada así como el desarrollo de la industria y del comercio mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la Libertad para todos los habitantes de la nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales", dice el primer párrafo .

Y agrega: "La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social con especificación de las bases que habiliten cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto".

El proyecto no sólo busca consagrar una dictadura sino también cambiar el sistema político argentino. Pretende el Presidente  la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única, pero también quiere cambiar el sistema de votación de lista completa para reemplazarlo por un modelo de circunscripciones uninominales. Es decir, que cada provincia debería dividirse en tantos distritos como diputados nacionales posea para elegir a un solo representante por distrito.

Manos libres por dos años

El proyecto de Milei contempla declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.

La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos.

A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.

Modificaciones al Código Penal

El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin "crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses".

"Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado".

"Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe", dice el articulado.

Cambios electorales

Además la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias Paso, se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.

Jubilaciones

Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a "establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".

"Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos", agrega el texto del proyecto.

Privatizaciones

Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.

En ese sentido señala que se "faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696".

Temas impositivos

En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.

También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.