Este miércoles se retoman las audiencias en el juicio penal que tiene como principal acusado al juez federal Walter Bento. El juez federal declaró por primera vez ante el tribunal y apuntó contra la acusación del fiscal Dante Vega: "Es todo falso", sintetizó sobre la imputación.
Al magistrado lo acusan de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de otorgar beneficios procesales.
"Voy a declarar y a responder preguntas sobre todo", señaló Bento en el inicio de su alocución frente al tribunal.
"Se me acusa de asociación ilícita, de soborno... Todo es falso. No lo digo yo, lo dirán las pruebas del expediente".
Luego dijo que de manera irregular se tomó declaración indagatoria a presos en comisarías y que se los obligó a declarar en su contra. "Con vejaciones y torturas se armó esta novela de terror. Todo es falso", remarcó.
Se describió a sí mismo como "un juez honesto y probo" y acusó que en la instrucción de la causa no se le permitió probar que sus bienes están justificados.
Bento: "Es inexistente el enriquecimiento ilícito. Jamás me permitieron justificar mis bienes. Mis bienes están justificados porque trabajo hace 42 años. Pago impuestos a los bienes personales"
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) September 6, 2023
El caso
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación llevada a cabo demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”. En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
La fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por el juez Bento en persona o aprovechándose de la buena fe de su subrogante legal. Estas decisiones a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de la situación de libertad.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, en algunas oportunidades el arreglo se pactaba de común acuerdo entre el sobornador y los organizadores de la banda o sus miembros; en otros casos, los organizadores y miembros se contactaban con familiares de las personas detenidas para sumar presión, a fin de obtener el dinero o los bienes inmuebles o muebles que se requerían a cambio de la decisión espuria, y también la presión se ejercía directamente sobre el detenido, a quien se colocaba en la situación de decidir entre su permanencia en prisión u obtener la libertad a cambio del soborno. En todos los casos, los organizadores o miembros de la banda dejaban en claro que hablaban en nombre del juez Bento y que la decisión final dependía de su voluntad. Nunca invocaron a otro magistrado del fuero federal de Mendoza, fuese de primera o de segunda instancia, indicó la fiscalía en la acusación.
La fiscalía sostuvo que la investigación permitió demostrar “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.
